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MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, ha agradecido la colaboración del Gobierno de Aragón para impulsar el regreso de los 111 bienes de parroquias aragonesas que se encuentran en el Museo de Lérida y que deben regresar antes de un mes para ser depositados en el Museo Diocesano de Barbastro y llamó a “tender puentes de colaboración, también con Cataluña”, para desarrollar proyectos culturales, artísticos, religiosos y económicos.
Así se pronunció tras el encuentro mantenido este viernes con el presidente de Aragón, Javier Lambán, con el fin de establecer criterios de “implicación y actuación conjunta” con respecto al retorno de dichos bienes de las parroquias aragonesas y que ayudó a "perfilar" una estrategia común ante un asunto, según el prelado, "de dignidad y justicia con el pueblo aragonés que trasciende lo artístico e, incluso, lo religioso", tal y como precisó la Oficina de Comunicación de la Iglesia en Aragón.
"La justicia nos ha vuelto a dar la razón, pero, hasta que el árbitro no pita el final del partido, todo es partido y el gol puede llegar en cualquier momento”, sentenció, al tiempo que hizo un llamamiento a la prudencia.
El Gobierno de Aragón ha participado en esta causa a raíz de la demanda interpuesta por los servicios jurídicos de la Diócesis en febrero de 2018 al Museo Diocesano y Comarcal de Lérida y Lambán auguró que “estamos próximos a ese feliz día” tras las sucesivas victorias judiciales.
De este modo se terminaría una problemática iniciada hace 25 años, en 1995, con la modificación de los límites de las diócesis de Lérida y de Barbastro, lo que suponía un cambio en la situación patrimonial de los bienes que habían sido trasladados desde las parroquias aragonesas hasta el Museo de Lérida para su estudio y difusión.
De acuerdo con el decreto 'Illerdensis-Barbastransis de finium mutatione', de 15 de junio de 1995, el patrimonio de las parroquias aragonesas transferidas de la diócesis de Lérida debía retornar a las parroquias propietarias.
Se inició así un largo proceso eclesiástico en el que, en diferentes instancias, se obligaba a la devolución a tierras aragonesas, pero, al no ejecutarse lo dictado por la Iglesia, se recurrió a los tribunales civiles como última alternativa, "con humildad y sin afán de prepotencia, con la única intención de que se hiciera justicia", según Pérez.
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