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Ciudadanos vuelve a registrar su proposición de ley orgánica contra la corrupción

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 18 de diciembre de 2020, 14:59 h (CET)

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)


Ciudadanos volvió a registrar este viernes en el Congreso de los Diputados su proposición de Ley Orgánica de Medidas de Lucha contra la Corrupción y para la Protección de los Alertadores, cuya toma en consideración ya fue rechazada por el Pleno el pasado 17 de junio por 178 votos en contra y 159 a favor.


Así lo anunció hoy en Sabadell (Barcelona) la presidenta del partido, Inés Arrimadas. Fuentes de Ciudadanos recordaron que esta formación "siempre ha apoyado las comisiones de investigación contra la corrupción de cualquier partido político", por lo que volvió a instar a todos a apoyar esta iniciativa, a la que dice haber incorporado mejoras técnicas y haber traspuesto al completo la directiva europea en el mismo sentido.


Por ejemplo, la propuesta otorga a los denunciantes de irregularidades, infracciones o actos ilícitos en la administración pública o entre particulares el derecho a la confidencialidad y a la protección ante represalias, catalogándoles como "alertadores de corrupción". También se habilitarían buzones para denuncias anónimas.


Por otra parte, en el Código Penal se introducirían nuevos tipos penales como el del enriquecimiento injustificado, de forma que los políticos que no puedan explicar legalmente su patrimonio tendrían que hacerlo ante el juez.


En cuanto a la responsabilidad civil subsidiaria, Cs propone que, si un político comete delitos en el desempeño de su cargo, el dinero lo pague su partido y no todos los españoles, para así empujar a las formaciones a subir el listón de vigilancia en sus cargos. La iniciativa contempla igualmente la prohibición de los indultos por corrupción política.


Finalmente, la proposición contempla la creación de una autoridad independiente en la administración para investigar los posibles casos de corrupción al margen de cualquier presión política. Esta autoridad asumiría las competencias en materia de conflictos de intereses de los funcionarios y garantizaría la protección integral del denunciante.


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