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Anticorrupción se querella contra una directora general de Esperanza Aguirre por reducir 135 camas del Hospital Puerta de Hierro

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 18 de diciembre de 2020, 13:08 h (CET)

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)


La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha presentado una querella contra la exdirectora General de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, bajo Gobierno de Esperanza Aguirre, por la gestión del Hospital Puerta de Hierro, en el que se redujeron 135 camas sin amparo legal y con un sobrecoste para las arcas públicas de 10 millones de euros.


La querella será investigada por el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid por la gestión de esta responsable entre abril de 2008 y julio de 2011. En ese período se acometió una modificación del contrato de concesión de obra pública firmado en 2005 en favor de Hospital Majadahonda S.A., a una agrupación entre Dragados, Bovis Lend Lease y Sufi.


En ese momento, la Consejería de Sanidad estaba bajo la dirección de Juan José Güemes, que dictó una orden en virtud de la cual y “prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación”, se redujeron hasta 135 habitaciones del hospital que pasaron de ser dobles a individuales, lo que supuso la pérdida de igual número de camas.


Según indica la Fiscalía, esa decisión se apoyó en una resolución dictada por la misma Dirección General que “no existió”. Por eso, el ministerio público estima que “sin perjuicio de la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo, se debió de haber reestablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos”.


En la actualidad, dice la Fiscalía, “no existe una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto, con lo cual la Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros”.


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