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La Fiscalía pide 42 meses de prisión para el exalcalde de Brunete por un delito de cohecho

Agencias
@DiarioSigloXXI
domingo, 29 de noviembre de 2020, 11:29 h (CET)

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)


La Fiscalía Provincial de Madrid solicita tres años y seis meses de prisión para el exalcalde de Brunete Borja Gutiérrez en el juicio que comenzará el próximo 4 de diciembre por ofrecer prebendas personales y profesionales a una edil de Unión Progreso y Democracia a cambio de favorecer su investidura como regidor o de apoyar algunos proyectos municipales como la suscripción de un convenio con el Canal de Isabel II. También está acusada Susana Corrales, cabo de la Policía Municipal de la localidad por un delito de cohecho.


Según la Fiscalía, tras las elecciones de mayo del año 2011, el acusado resultó elegido alcalde del Ayuntamiento de Brunete. Gutiérrez encabezó la lista más votada (PP) que obtuvo seis concejales de un total de 13, es decir, a un solo concejal de obtener mayoría absoluta. Por su parte, el PSOE logró tres ediles y otros dos Unión Progreso y Democracia (UPyD), los mismos que Izquierda Unida-Los Verdes (IU-LV).


El 16 noviembre de 2012, en el restaurante el Ternasco Brunete, con previa intermediación de Corrales, cabo de la Policía Municipal de Brunete, el acusado ofreció durante el encuentro a una concejal de UPyD en el ayuntamiento, pasar a desempeñar un cargo en su equipo de Gobierno si le apoyaba en su elección como alcalde.


Le llegó a plantear ser segundo teniente de alcalde, un cargo retribuido con 23.800 euros anuales, y le ofreció incluso tanto un puesto en las próximas elecciones en las listas del PP como futuros favores personales y profesionales para ella y su entorno por parte de terceros interesados en la aprobación de los proyectos, “instándole así a faltar a la debida lealtad y compromiso adquirido con los electores y las obligaciones inherentes de un cargo público”.


Una semana más tarde, la agente municipal acudió al domicilio de la representante de UPyD para hablar de diversos temas y tratar de convencerla de votar a favor de un Convenio con el Canal Isabel II, “trasmitiendo y prometiendo en nombre del alcalde, que al día siguiente de votarse en pleno a favor de dicho convenio, su hija discapacitada obtendría un empleo, indicándole la posibilidad de no acudir al pleno ese día, extremo que permitía la aprobación de la propuesta con los restantes votos de los concejales en virtud de la aritmética parlamentaria y voto de calidad del alcalde en caso de empate, instándole de esta forma a abandonar e incumplir sus deberes elementales como cargo público electo”.


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