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Campo dice que su propuesta por el fiscal instructor está respaldada por la Constitución y el “mandato” de la UE

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 24 de noviembre de 2020, 14:29 h (CET)

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)


El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró este martes que la propuesta de su departamento para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) es coherente con la Constitución española y el "mandato” de la Unión Europea, ya que en ambos casos se apuesta por que los fiscales instruyan las causas penales.


Campo hizo esta consideración al explicar, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno había aprobado esta jornada el anteproyecto de reforma de la Lecrim, que ahora será sometido a consulta pública, tras lo cual se pedirán los informes de los órganos consultivos y finalmente se remitirá al Congreso para su discusión parlamentaria.


El responsable de Justicia explicó que el anteproyecto de Lecrim aprobado por el Ejecutivo es “claramente un ejercicio de coherencia constitucional” y pretende cumplir el “mandato de la UE” sobre el cambio del proceso penal.


Señaló que la Constitución española establece que el fiscal es el encargado de promover la acción de la Justicia, mientras los magistrados deben juzgan y hacer ejecutar lo juzgado, algo que se cumple plenamente con el futuro diseño proceso penal. Al mismo tiempo, destacó que la UE dijo ya en 2017 que los países deben caminar hacia un modelo en el que los fiscales instruyan.


No obstante, Campo indicó que el anteproyecto elaborado por su departamento es un punto de partida, de forma que ahora debe abrirse un “proceso intenso de consultas y mejora” con la sociedad y colectivos profesionales. Tras ello se pedirá los informes consultivos a órganos como el Consejo General del Poder Judicial, tras lo cual la propuesta legislativa volverá al Congreso para ser discutida con los partidos.


El ministro añadió que el anteproyecto también incorpora las "nuevas herramientas" en el combate del delito, como las novedades informáticas, al tiempo que sitúa a las víctimas en el centro del proceso penal.


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