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Economía
    

El Gobierno alarga los avales ICO hasta el 30 de junio de 2021, amplía hasta tres años los créditos y extiende el periodo de carencia hasta los 24 meses

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 17 de noviembre de 2020, 13:43 h (CET)

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)


El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley con inciativas para hacer frente a la crisis del coronavirus entre las que se incluyen varias cuyo objetivo es mejorar la solvencia de empresas y autónomos ante la difícil situación económica, como la ampliación de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta el 30 de junio de 2021, la extensión del periodo de carencia hasta un máximo de 24 meses y la ampliación de los plazos de los créditos en tres años, así como medidas de carácter concursal.


Así lo anunció la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que resaltó que el “plan de choque” implantado por el Gobierno desde el inicio de la crisis del coronavirus ha servido para minimizar su impacto económico y mantener el empleo y el tejido productivo, pero que “en este momento es preciso dar respuesta a los posibles problemas de solvencia”.


Así, indicó que las medidas relativas al ICO se aplican a los dos programas puestos en marcha por el Gobierno para que el Instituto avale créditos, con el objetivo de que la liquidez llegue a pymes, autónomos y empresas. Se trata, en concreto, del programa de 100.000 millones de euros, que contaba con un plazo de cinco años que ahora se amplía a ocho, y con un año de carencia que ahora se extiende a un máximo de dos; y un segundo programa por 40.000 millones, abierto actualmente a la contratación, para el que, además de las medidas anteriores, se amplía hasta el 30 de junio el plazo de solicitudes, ya que concluía en diciembre. De esta forma, resaltó la ministra, las empresas y autónomos tendrán un “importante alivio” en sus cargas financieras.


Por otro lado, el real decreto también reduce las cargas notariales y permitirá que el ICO tenga acceso a la información que las entidades financieras comparten de los clientes en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (Cirbe) y se eleva de los actuales 500 millones a 1.000 millones el umbral de capitalización por el que las empresas deben pasar de cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) a hacerlo en el mercado continuo.


Además, también se toman medidas en el ámbito de la legislación concursal, ampliando del 31 de diciembre de 2020 al 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar el concurso y la obligación del juez de admitir a trámite el concurso solicitado por los acreedores. Asimismo, se extiende la obligación del juez de no tramitar las solicitudes de incumplimiento de convenio y acuerdos de financiación en relación con aquellas presentadas entre el 31 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021.


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