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El Gobierno reivindicó el castellano como “lengua vehicular” días antes de pactar con ERC su retirada de la 'ley Celaá'

Agencias
@DiarioSigloXXI
domingo, 8 de noviembre de 2020, 12:21 h (CET)

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)


El Gobierno reivindicó el castellano como “lengua vehicular” en la enseñanza de toda España días antes de retirar esta referencia en la ponencia del Congreso sobre la futura normativa nacional de educación, la Lomloe o 'ley Celaá'.


La alusión del Ejecutivo al español como lengua vehicular figura en una respuesta parlamentaria a Vox que tuvo entrada en el Congreso el pasado 22 de octubre, mientras que la retirada de la referencia al castellano en la 'ley Celaá' se acordó este pasado jueves, 5 de noviembre.


Esta contestación del Gobierno, a la que ha tenido acceso Servimedia, menciona la cuestión del idioma principal en la enseñanza porque el partido de Santiago Abascal preguntó cómo se iba a garantizar que en Baleares “el castellano sea lengua vehicular en las islas o que, al menos, los niños puedan tener un mínimo de un 25% de clases en esta lengua”. La pregunta había sido formulada por los diputados de Vox Georgina Trías y Joaquín Robles.


Se da la coincidencia de que para responder a esta cuestión el Ejecutivo alude a que en la ponencia de la Lomloe el castellano quedaba garantizado. Además, se refiere expresamente a la frase que ERC pidió retirar, algo a lo que finalmente accedieron este jueves PSOE y Podemos en el debate de la ponencia sobre la futura norma educativa.


“LENGUA OFICIAL DEL ESTADO”


Así, en la contestación a Vox se explica, al introducir la cuestión del español como “lengua vehicular”, que “la redacción que propone el proyecto de ley por el que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se centra particularmente en el bien de los alumnos”. Se añade que “las leyes deben garantizar, ante todo, el beneficio de los escolares, de manera que se preparen para vivir en sociedad y puedan adquirir las competencias que van a necesitar a lo largo de su vida, más allá de lo que deseen, elijan u opinen terceras personas”.


Seguidamente, el Gobierno incluye cinco párrafos textuales del proyecto de la Lomloe elaborado por la ministra de Educación, Isabel Celaá, el primero de los cuales es uno de los que cuestionaba ERC y que finalmente ha sido alterado.


Este párrafo, que el gabinete de Sánchez menciona en su respuesta a Vox, dice textualmente lo siguiente: “Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable”.


Precisamente la enmienda pactada por PSOE y Podemos con ERC contemplaba sustituir la frase de "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares" por la de "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable".


EL ESTADO ES “GARANTE”


En la contestación del Ejecutivo a Vox también se refiere a que el Tribunal Constitucional sentenció en su resolución 82/1986 que “el contenido del deber constitucional de conocimiento del castellano (…) no puede generar un pretendido derecho a recibir las enseñanzas única y exclusivamente en castellano”.


Desde La Moncloa se añade que “el garante de los derechos lingüísticos es el Estado”, de acuerdo con el artículo 3.1 de la Constitución Española, pero que esto implica “el conjunto de las administraciones públicas, cada una en el ámbito de sus competencias”. Añade el Gobierno que la Carta Magna señala en su artículo 3.2 que las autonomías “con lengua cooficial son competentes para concretar, según lo contemplen sus Estatutos de autonomía y su propia legislación, el régimen de cooficialidad lingüística que ha de aplicarse en sus centros educativos”.


Se concluye que “el Gobierno tiene que velar por hacer que se cumpla, no sólo el derecho sino la obligación de que el alumnado adquiera, a largo de su paso por el sistema educativo obligatorio, altas competencias en castellano y en la lengua oficial de su comunidad autónoma”.


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