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Economía
    

Los procuradores gestionarán la subasta extrajudicial de los activos de Reyal Urbis a partir del 9 de noviembre

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 4 de noviembre de 2020, 14:34 h (CET)

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)


El Colegio de Procuradores de Madrid iniciará el próximo 9 de noviembre la subasta extrajudicial de los activos de Reyal Urbis, una entidad que protagonizó la segunda mayor quiebra de España con un pasivo que superó los 4.660 millones de euros.


Los administradores concursales, la consultora BDO y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) han decidido confiar el proceso de subasta extrajudicial al Colegio de Procuradores de Madrid, previa aprobación judicial.


La licitación de los activos de la inmobiliaria se efectuará a través del Portal de Subastas del Consejo General de Procuradores de España (subastaprocuradores.es) y se dividirá en dos fases.


En la primera, se procederá a la subasta de los activos inmobiliarios vinculados al préstamo que Reyal Urbis firmó con las distintas entidades financieras involucradas. Una vez completado este litigio, se permitirá la subasta de los activos que no se hayan podido enajenar en la fase de venta directa.


La subasta pretende maximizar el resultado de la liquidación concursal de la sociedad, por lo que será paulatina y progresiva, conforme a las circunstancias y condiciones del mercado, indicaron los procuradores.


Reyal Urbis es una empresa inmobiliaria que se formó en 2006 gracias a la fusión entre Construcciones Reyal y la Inmobiliaria Urbis, después de que la primera entidad presentase una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la segunda. El 4 de marzo de 2013, tras recibir tres refinanciaciones de deuda fallidas, fue declarada en concurso volunario de acreedotres.


En la actualidad, cuenta con un banco de suelo de 6,7 millones de metros cuadrados edificable, 214 viviendas y 103.000 metros cuadrados de patrimonio en renta.


Los procuradores enmarcaron esta decisión dentro de la "muy necesaria externalización de los procesos de ejecución en España" en la dirección "seguida por muchos países de nuestro entorno en favor de la agilización, eficiencia y transparencia de los procesos de liquidación" que permita a los acreedores recuperar la deuda en el menor tiempo posible y evitando depreciaciones en los activos.


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