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Expertos en derecho y discapacidad piden evitar que la curatela representativa "se convierta en la norma” tras la reforma del Código Civil

Agencias
@DiarioSigloXXI
sábado, 31 de octubre de 2020, 12:36 h (CET)

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)


Expertos en derecho y discapacidad consideran un avance positivo el proyecto de ley para modificar la legislación civil y procesal en materia de capacidad jurídica que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, aunque advierten de algunos aspectos se deberían mejorar durante el trámite parlamentario.


Así lo indicaron en un encuentro sobre ‘El derecho de las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones: reformas legales’ organizado por la agencia de noticias Servimedia, donde por ejemplo se refirieron al riesgo de que la figura de la curatela representativa, que la norma prevé de manera muy excepcional, termine por generalizarse.


Como expertos participaron la catedrática de derecho civil de la Universidad de Santiago de Compostela, Mari Paz García; la fiscal delegada de la especialidad Civil y de protección de las Personas con Discapacidad de Canarias, Rosa Rubio; el director de asuntos Sociales de Fundación Aequitas, Federico Cabello de Alba; y el presidente de Down Sevilla y miembro de la junta directiva de Down España, Florentino González.


Según Mari Paz García, la reforma persigue “adaptar el Derecho Civil español al espíritu de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y, en concreto, a su artículo 12, que “es el corazón” del tratado. Explicó que este consagra la igualdad jurídica de las personas con discapacidad “pero España, que se apresuró a firmar (la Convención), lleva 12 años de retraso“ para implantarlo.


En efecto, el proyecto de ley busca acabar con la incapacitación judicial y la figura de la tutela y, en su lugar, promover un sistema de apoyos individualizados, adaptados a las necesidades y circunstancias de cada persona, para que esta tome sus propias decisiones. “Acaba con la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar” e impide suprimirlas, según expuso.


En opinión de la fiscal Rosa Rubio, esta reforma supone “abandonar el enfoque médico rehabilitador que hasta ahora había primado en el tratamiento de las personas con discapacidad y evolucionar hacia un enfoque social, donde se entiende que toda persona es titular de derechos y que, en ocasiones, la sociedad impone barreras a su ejercicio”.


De ahí se deduce que es “deber de los poderes públicos proporcionar una serie de apoyos a aquellas personas que lo precisen para que puedan ejercer dichos derechos como el resto de ciudadanos”, recalcó. “Hablaremos de apoyos de mayor o menor intensidad, siempre ajustados a las necesidades individuales de cada persona y a las situaciones”, pero nunca más de sustituir su voluntad.


Por eso, Rubio defendió revisar lo que el proyecto de ley establece respecto a la conversión de aquellas sentencias en las que figuraba un apoderado de la persona en curatelas representativas controladas por órgano judicial de forma automática. Abogó por limitar al máximo esta figura, demanda que también defendió Cabello de Alba.


Explicó que el actual Código Civil ya permitía “la posibilidad de graduar las sentencias e imponer curatelas con apoyos” en lugar de las incapacitaciones judiciales que suprimen por completo la capacidad jurídica y de obrar de las personas, pero, sin embargo, lo general era decretar estas últimas. “Esto se debe a las inercias jurídicas”, subrayó, “y es precisamente lo que ahora debemos evitar”. Reclamó por ello que la posibilidad de dictar curatelas representativas, que el proyecto de reforma permite de manera excepcional, “no se termine por convertir en la norma”.


“Si nos limitamos a cambiar tutela por curatela representativa, estaremos haciendo como Lampedusa: cambiarlo todo para que nada cambie”, abundó Mari Paz García. “Si las personas con discapacidad tienen todos los derechos, entonces deben ser capaces de decidir”, argumentó, y “no podemos quitarlas del medio porque estorben el tráfico jurídico”.


PIDEN CALMA


Florentino González indicó que “en sus términos actuales el proyecto no colma todas las expectativas de las familias”, aunque sí es eminentemente bueno. Existe a su entender “cierta prisa” en su tramitación, y pidió “calma para pulir esos pequeños detalles y sacarlo adelante con el consenso de expertos y del sector”.


“Parece que ahora, tras años de retraso, se quiere correr para tenerlo listo el 3 de diciembre (día Internacional de las personas con discapacidad”, bromeó. “Nosotros decimos que no pasa nada por esperar seis meses y sacarlo en mayo”, pues más vale “no quedarnos a medias”.


La catedrática y miembro de la Comisión General de Codificación (organismo asesor del Ministerio de Justicia) admitió “cierta sensación de que algunos “grupos tienen prisas por aprobarlo”. “Quizás se deba a la experiencia de estos tres años de inestabilidad política”, aventuró, en los que el anteproyecto se aprobó y decayó varias veces por la disolución de las Cortes Generales.


En todo caso, rechazó que “haya faltado diálogo”. Resulta “sorprendente que se acuse al proyecto de no haber escuchado suficiente a la sociedad civil y a las personas”, declaró, “porque todo el que ha querido se ha podido pronunciar sobre” él. De hecho, “el número tan grande de expertos y personas que han opinado sobre la reforma ha provocado algunas incoherencias, que espero que ahora se puedan perfeccionar” durante el trámite parlamentario.


Por otro lado, afirmó que se han recibido “críticas enormes en los dos sentidos. Nos han dicho desde que no sirve para nada, que se queda muy corto, hasta que es irrealizable, que queda muy bonito pero que solo va a servir para enfollonarlo todo”.


También se ha acusado al proyecto de fomentar “la inseguridad jurídica” por establecer que las sentencias dictadas previamente deberán adaptarse a la nueva normativa tras ciertos períodos transitorios, dijo en alusión al comunicado que hace semanas emitieron varias asociaciones de jueces alertando del aumento de litigios y del colapso que la nueva norma traería consigo.


En su opinión, “lo que deberían hacer es pedir más medios y recursos”, pero “no pueden pretender que dos sistemas contradictorios “convivan ‘sine die’ o durante un muy largo periodo de tiempo”.


MEDIDAS VOLUNTARIAS


Otro de los aspectos controvertidos de la reforma tiene que ver con “la escasa” atención a los apoyos que la persona puede acordar de forma voluntaria, señaló García. En esta línea, propuso modificar los artículos centrales del proyecto, en especial el 253, con el objetivo de dar mayor prioridad a estos apoyos.


A su juicio, la nueva ley parece ocuparse solo de las medidas ex ante, esto es, de aquellas que se dictan en previsión de una futura incapacidad, pero presta poca atención a las medidas que la persona decide ahora mismo, en este momento.


Por su parte, Florentino González criticó la creación de un libro especial en el registro de bienes inmuebles (prevista en el borrador), donde se daría publicidad a los actos comerciales en que incurran estas personas. En su opinión, se trata de “un auténtico despropósito”, que además puede “suponer una discriminación por motivo de discapacidad”.


El directivo de Fundación Aequitas sostuvo la misma idea y señaló que tal previsión tampoco supone “una protección extra para estas personas”. Los actos jurídicos como casarse, realizar una compra o una venta o aceptar una hipoteca “se certifican cuando una persona presta su consentimiento”, explicó Cabello de Alba. “Es ahí donde se tiene que vigilar, no cuando se inscriben en el registro”. Además, la publicidad que implica figurar en el registro de Bienes Inmuebles entraña “un peligro para la intimidad de sus datos”, a los que pueden acceder inmobiliarias y muchos intereses particulares.


A su juicio, “las únicas cortapisas que se deben introducir” en el texto durante el trámite parlamentario tienen que servir para salvaguardar los derechos de estas personas”. “Todo lo que vaya en contra de su espíritu, que el respeto absoluto por la autonomía de la voluntad, debe eliminarse”, concluyó.


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