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Cae en Sevilla una banda que traficaba con personas y las explotaba en explotaciones agrícolas

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 21 de octubre de 2020, 09:31 h (CET)

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)


La Guardia Civil ha desmantelado en Sevilla una organización criminal asentada en la Vega del Guadalquivir que traficaba con inmigrantes de otros países, a los que empleaba en explotaciones agrícolas en condiciones de semiesclavitud.


Según informó este miércoles el Instituto Armado, en la ‘operación Fruta’ han sido detenidas cinco personas y se han realizado tres registros en domicilios y uno en una oficina gestora.


Las víctimas, entre las que se encuentran varias mujeres, eran principalmente ciudadanos moldavos, rumanos, ucranianos, magrebíes y subsaharianos. La banda desarticulada obtenía hasta 30.000 euros mensuales con la explotación de estas personas.


La investigación se inició a principios del presente año, tras tener conocimiento la Guardia Civil del posible asentamiento de organizaciones criminales dedicadas a la explotación laboral en la comarca de la Vega del Guadalquivir.


CON ASESORES FISCALES


Tras las primeras gestiones, los investigadores pudieron detectar en la localidad sevillana de Brenes la actividad de una organización dirigida por un ciudadano de nacionalidad rumana, que captaba a inmigrantes en sus países de origen para que vinieran a España a trabajar en explotaciones agrícolas.


Una vez en territorio español, las víctimas entregaban su documentación y eran alojadas en domicilios en condiciones infrahumanas donde eran sometidos a un estricto control.


Igualmente, estas personas eran forzadas a trabajar largas jornadas, por las que no cobraban o cobraban míseros sueldos que apenas servían para cubrir la propia manutención. Además, la organización obtenía importantes beneficios gracias a las rentas que se veían obligadas a pagar dichas personas por su alojamiento en pisos de la organización.


En los casos en los que los inmigrantes trataban de escapar de esta situación, el cabecilla de la organización se negaba a devolverles la documentación, llegando a amenazarles para que no acudiesen a las autoridades a denunciar su situación.


Asimismo, la organización empleaba las identidades que obtenía de las víctimas para crear sociedades sin conocimiento de ellas, a través de las que canalizaban los beneficios obtenidos, que ascendían hasta 30.000 euros al mes. Además, contaban con una asesoría local que les facilitaba los trámites, falsificando la documentación con la que justificaban los movimientos de dinero desde las cuentas bancarias.


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