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El Cermi pide al Congreso "agilidad” en la tramitación de la reforma del Código Civil sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 20 de octubre de 2020, 11:50 h (CET)

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)


El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, pidió este martes ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados tramitar “con agilidad” la reforma de la legislación civil y procesal en lo referido a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.


Pérez Bueno fue el primero de varios expertos en Derecho y discapacidad que hoy intervendrán ante la comisión para fijar su postura sobre este proyecto de ley, que aspira a suprimir la incapacitación jurídica completa y sustituirla por un sistema de apoyos individualizados y adaptados a las necesidades de cada persona en particular, para que esta pueda tomar sus propias decisiones de manera autónoma.


En su comparecencia, destacó “el enorme poder de irradiación del Derecho civil en todos los ámbitos de la vida de una persona, comprar, hipotecarse, firmar un contrato”, por lo que pidió a los grupos que “lo tramiten con agilidad“. “Si es posible aprobarlo en este período de sesiones , mejor, y si no, pues en el siguiente”.


Asimismo, el presidente del Cermi reclamó “un amplio respaldo, que ojalá pueda ser unánime”, por parte de los grupos parlamentarios a la reforma del Código Civil. Estas son algunas de las enmiendas propuestas por Cermi y otras asociaciones de personas con discapacidad al proyecto de ley que, no obstante, calificó de “bueno”.


Insistió en que “la discapacidad no puede suponer una ciudadanía de segunda en el ejercicio de la capacidad jurídica” y lamentó que en su redacción actual, el Código Civil “peca de paternalismo” en lo referente a las personas con discapacidad, puesto que, “con el afán de protegerlas, se limita a eliminar su capacidad de obrar.


"Migrar de este modelo de sustitución (de la voluntad de una persona) a un modelo de apoyos individualizados supone alinearse con el mandato y con los valores del Tratado de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, prosiguió, que es algo en lo “que ya vamos con retaso”.


Según Pérez Bueno, se trata de ”una cuestión de derechos humanos”, y subrayó el vínculo entre la prohibición del derecho de sufragio para las personas con discapacidad intelectual o afines (suprimida el año pasado) y la reforma del Código Penal en lo referido a las esterilizaciones no consentidas, que en el fondo “descansan en la incapacitación jurídica de estas personas”. “Hay que encontrar un justo equilibrio entre proteger y promover” la autonomía de las personas mediante los apoyos necesarios, recalcó.


Asimismo, resaltó que el espíritu de la reforma no es abandonar a las personas con discapacidad que necesiten ayuda, sino proporcionarles los apoyos que precisan para tomar sus decisiones. “Ahora bien, la libertad también supone el riesgo de equivocarse, y esto es lo más valioso”.


El presidente del Cermi pidió, además, sincronizar mejor las reformas referidas a la legislación civil y a la legislación en materia procesal, y reclamó que toda esta modificación de la legislación se “enmarque en una batería” de medidas para avanzar en la protección e inclusión social de las personas con discapacidad.


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