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El Constitucional acuerda darse tiempo para estudiar la 'ley mordaza' por la complejidad y repercusión política y social de la norma

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 18 de junio de 2020, 15:37 h (CET)

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)


Los doce miembros del Tribunal Constitucional (TC) comenzaron este jueves a estudiar la ponencia del magistrado Fernando Valdés sobre los recursos presentados contra la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza', y acordaron darse tiempo para su análisis, dada al complejidad técnica de la materia y sus repercusiones políticas y sociales.


Así, el pleno del TC seguirá estudiando y debatiendo el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del Parlamento de Cataluña, entre otros, contra la citada ley impulsadas por el Gobierno del PP.


El pleno, informó el tribunal de garantías, continuará realizando un análisis de los diversos preceptos impugnados, “dada la complejidad de la materia y su sensibilidad político-social”, lo que exige la articulación de “razonamientos jurídicos minuciosos y precisos”.


Una comisión constituida por el magistrado ponente Fernando Valdés y los magistrados Juan Antonio Xiol, Antonio Narváez y Ricardo Enríquez, examinará las observaciones del colegio de magistrados para propiciar una fundamentada resolución final. Tras esta decisión, el TC infrma de que volverá a incluirse en el orden del día de un futuro Pleno.


Los recurrentes impugnaron una docena de artículos que regulan asuntos como el desarrollo de protestas en las calles o las denominadas 'devoluciones en caliente' de inmigrantes en la frontera con Marruecos.


El Constitucional admitió en junio de 2015 el recurso presentado contra varios aspectos de la norma por el PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria, Geroa Bai y, finalmente, uno del Parlamento de Cataluña. En ellos se impugnan un docena de artículos de la ley entre los que destacan algunos relativos a la regulación de derechos fundamentales como el de manifestación, reunión, expresión y tutela judicial efectiva.


Muchas de esas normas endurecen el régimen de sanciones por actos que anteriormente eran considerados simples faltas. Se sanciona así a quien publique fotografías de agentes de las Fuerzas de Seguridad, la construcción de barricadas o la negativa a identificarse. Pero sobre todo se endurecen las sanciones para quienes se manifiesten en puntos neurálgicos de las ciudades que podrían ser multados con entre 30.000 y 600.000 euros. Esta reforma se realizó después de las manifestaciones que proponían rodear el Congreso.


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