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Los testigos niegan haber recibido presiones de la Delegación del Gobierno para suspender manifestaciones

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 11 de junio de 2020, 20:31 h (CET)

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)


Los testigos llamados a declarar por la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, han negado este jueves haber recibido presiones de la Delegación del Gobierno en Madrid para que suspendieran las concentraciones que querían convocar con motivo de la pandemia del coronavirus.


La magistrada había citado para la jornada de hoy a un total de 15 testigos, entre trabajadores de la Delegación del Gobierno y convocantes de distintas manifestaciones entre los días 5 y 14 de marzo. Ninguno de ellos ha declarado haber recibido presiones.


Rodríguez Medel investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no haber prohibido la manifestación del 8-M para evitar contagios de Covid-19.


Esta misma mañana, la magistrada ha requerido al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid información sobre "los eventos colectivos o masivos públicos o privados" que se celebraron "con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias" entre el 5 y el 8 de marzo.


Entre los citados esta tarde, estaba la presidenta de la Asociación de Personas Aptas sin Ayuda de Alquiler, Diana Chnaiker, quien negó presiones y explicó que la Guardia Civil hizo una "mala interpretación" de su declaración que quedó reflejada en el informe remitido al juzgado, aparentando que “había cancelado la protesta por una llamada, pero no fue así".


Por su parte, el representante de CGT Madrid Moisés Fernández aseguró en sede judicial que recibió una llamada de la Delegación del Gobierno en la que nadie le dio “la orden de cancelarla”, sino que le “invitaron” a hacerlo.


En todos los casos, los contactos con la Delegación se produjeron en la semana posterior a la celebración del 8-M y antes de que se decretara el estado de alarma, lo que desmonta el argumento del denunciarte, que sostiene que Franco era consciente del riesgo de contagio antes de la manifestación feminista y por eso pidió a otros convocantes la cancelación de sus protestas.


A lo largo de la mañana han comparecido ocho testigos, cinco de ellos trabajadores de la Delegación del Gobierno y tres convocantes de distintas concentraciones. Todos ellos han ratificado sus declaraciones ante la Policía Judicial. Se trata del jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez; el jefe de sección del mismo departamento, Ignacio Ortiz; las auxiliares administrativas del servicio María Lourdes Andrés y María Elena García Díaz, y el jefe del departamento de Prevención y Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey.


También han prestado declaración esta mañana un representante del sector de Construcción y Servicios de CCOO, Javier Gómez Ochoa; el miembro de Anonymus for the voiceless Animal Save, Antonio García Edwards, y el presidente de la organización agraria Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri Izquierdo.


Izquierdo explicó que el 2 de marzo comunicó una protesta para pedir medidas a favor del sector agrario frente a la casa del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que le fue denegada cuatro días más tarde por vulnerar el derecho a la intimidad y no por razones sanitarias.


Su organización tenía también prevista una tractorada para el 24 de marzo, que pretendía llegar a Madrid desde Extremadura. El responsable de Asaja recibió una llamada de la Delegación del Gobierno entre el 12 y el 14 de marzo, para pedirle que la desconvocara, esta vez sí, por razones sanitarias.


Por la tarde declararon Diana Chnaiker, (Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler), María Teresa Martínez (Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe), Pedro Gallego (Plataforma de Pensionistas de Alcorcón), Antonio O’Connor (CGT Madrid), Luis Concha (Colectivo de Afectados de Forum Afinsa), Moisés Fernández (CGT Amazon) y Santiago de la Iglesia (sindicato Oficios Varios del Sur CGT). Alguno de ellos desconvocaron de manera voluntaria sus concentraciones y ninguno ha admitido presiones de parte de la Delegación del Gobierno.


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