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Franco dice a la jueza que no había “ningún elemento” que obligara a prohibir el derecho fundamental de manifestación el 8-M

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 10 de junio de 2020, 21:01 h (CET)

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)


El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, dijo este miércoles en el juzgado que no prohibió la marcha del 8-M en la capital porque cuando tomó la decisión no había “ningún elemento” que obligara a suspender un derecho fundamental como el de manifestación, cuando ese mismo fin de semana se estaban celebrando muchos otros eventos que no tenían esa protección constitucional. “Yo no he puesto en peligro la vida de nadie”, sostuvo durante el momento más tenso del interrogatorio.


Franco hizo manifestaciones a los periodistas a su salida del juzgado de instrucción número 51 de Madrid cuya titular, Carmen Rodríguez-Medel, le tomó declaración como investigado por espacio de hora y media en relación a la denuncia de un particular por prevaricación administrativa al permitir la manifestación feminista, facilitando posibles contagios de Covid-19.


El delegado del Gobierno, que estaba citado a las 15.30 horas y respondió a todas las partes en su declaración, dijo a los periodistas al salir que no prohibió la marcha del 8-M en Madrid porque con los datos que tenía en ese momento y de acuerdo con los datos que manejaban los expertos sanitarios no había motivo para impedir la manifestación.


Insistió en que en todo momento se comportó “con arreglo a la ley y con arreglo a las noticias que iban teniendo los expertos sobre la evolución del coronavirus”.


Añadió que en su decisión influyó que suspender esta marcha suponía no tener en cuenta el derecho de reunión, máxime cuando el mismo fin de semana del Día de la Mujer se celebraron en Madrid otros actos públicos y en los que no estaba en juego un derecho fundamental de este tipo.


DERECHO FUNDAMENTAL


“No había ningún elemento”, señaló, “que llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían nada que ver con un derecho fundamental y, por tanto, no había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8-M”.


Respecto a que al día siguiente a la marcha aumentaran de forma sustancial los contagios por coronavirus en Madrid, Franco dijo que “no está acreditado en ningún momento que el incremento de casos del día 9 de marzo tuviese que ver con la manifestación del 8-M, porque los expertos sanitarios saben que cuando se produce el contagio tarda en manifestarse más o menos, 14 días”.


El delegado del Gobierno en Madrid se pronunció también sobre el informe remitido a la jueza por la Guardia Civil. “Tengo gran respeto a la Guardia Civil como institución, como lo tengo a la Justicia en un Estado de derecho, pero desde el respeto a las instituciones no puedo estar de acuerdo con el informe que han hecho”, afirmó.


SER “CAUTO”


Al mismo tiempo, el delegado rechazó pronunciarse sobre si la juez de esta causa está tratando de hacer una “causa general” contra la gestión del coronavirus por parte del Gobierno, algo que aseguró la Abogacía del Estado en el recurso en el que pidió archivar este procedimiento. “No quiero ser tan duro, me gustaría ser cauto, como estamos en un proceso judicial me reservo mi opinión”, señaló.


No obstante, Franco se lamentó “profundamente” de que este miércoles se esté hablando de esta causa judicial y no “de la crisis, de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y del Ingreso Mínimo Vital para ayudar a salir de la crisis a los más desfavorecidos”.


Tras Franco, está previsto que la juez Rodríguez Medel tome también declaración a varios trabajadores de la Delegación del Gobierno que tuvieron algún papel en examinar tanto la convocatoria del 8-M en la capital como otras que se celebraron esos días.


Franco es el único imputado en esta causa. Se le investiga por un presunto delito de prevaricación administrativa que se fundamenta en no haber prohibido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los nueve días previos al estado de alarma, a sabiendas del riesgo que suponían para la población por la expansión del coronavirus.


Fuentes presentes en la declaración aseguraron que la jueza le preguntó a Franco si alguien le hizo alguna indicación sobre la conveniencia de que se celebrara la manifestación feminista, a lo que el delegado del Gobierno respondió que no recibió ninguna instrucción en esa materia.


En concreto, comentó que hasta el 10 de marzo no recibió órdenes del Secretario de Estado para los trabajadores de la Delegación. En consecuencia, a partir del 11 de marzo se empezaron a denegar los permisos para realizar concentraciones. La declaración ha sido tensa por momentos, hasta tal punto que el delegado del Gobierno en Madrid ha llegado a decir que él no ha puesto “en peligro la vida de nadie”.


También se le ha preguntado por los motivos que le llevaron a desautorizar una protesta a las puertas de la casa del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el periodo que está bajo estudio, a lo que respondió que en ese caso se tuvo en cuenta el derecho a la intimidad y afirmó que si la solicitud hubiera sido para manifestarse a las puertas del Ministerio, no se habría denegado.


Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que representa a Franco, han solicitado el archivo de la causa y el fin de esta investigación. Según los servicios jurídicos del Estado esta instrucción es una suerte de “causa general” contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia “huérfana de indicios de delito”.


Los informes de la Guardia Civil a la magistrada en esta causa, con errores e interpretaciones, han motivado una crisis política que se cobró la cabeza del jefe de la Comandancia del cuerpo en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se ha tenido que enfrentar a las peticiones de cese de la oposición por lo que entienden como una injerencia en una investigación judicial.


Después de la declaración de José Manuel Franco compareció ante la jueza el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; seguido del director del Gabinete Técnico, Luis María Sanz, y del director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas, todos ellos en calidad de testigos.


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