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Economía
    

El Banco de España pide evitar que las medidas de apoyo al alquiler afecten a la seguridad jurídica

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 22 de mayo de 2020, 11:07 h (CET)

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)


El Banco de España advierte de que se debe evitar que las medidas introducidas en el mercado de la vivienda para afrontar la crisis del Covid-19 generen distorsiones en el mercado del alquiler que acaben mermando su seguridad jurídica, lo que desincentivaría el necesario incremento de la oferta para absorber el aumento estructural de la demanda.


Así se expresa el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos en un artículo sobre los principales rasgos de la evolución del mercado de la vivienda en España durante la última etapa expansiva, entre los años 2014 y 2019, en el que realiza algunas reflexiones sobre la situación generada por la pandemia del Covid-19 aunque no analiza su impacto.


A este respecto, destaca que para afrontar esta crisis resulta positivo que, a diferencia con lo ocurrido durante la etapa expansiva previa a la crisis financiera iniciada en 2008, la evolución del mercado inmobiliario de los últimos años no ha venido acompañada de un sobredimensionamiento del sector inmobiliario ni de una sobrevaloración generalizada y significativa de la vivienda.


“Ello es un importante elemento mitigador que debería contribuir a limitar los posibles efectos amplificadores sobre el sistema financiero y la economía en su conjunto de perturbaciones exógenas como la asociada al Covid-19”, señala el artículo.


En cuanto a la pandemia, indica que “va a generar un profundo efecto contractivo sobre las rentas y la actividad económica, al menos en el corto plazo, que previsiblemente impactará en la situación del mercado inmobiliario”.


En esta línea, valora que las medidas temporales aprobadas por el Gobierno para aliviar la presión financiera de los segmentos más vulnerables, como la moratoria de las hipotecas o el aplazamiento del pago de los alquileres, contribuirán a mitigar alguno de estos efectos en el corto plazo.


Sin embargo, advierte de que existe una mayor incertidumbre sobre los efectos de más medio plazo sobre el mercado inmobiliario de esta perturbación, así como sobre el impacto de las medidas introducidas.


EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS AÑOS


Sobre la evolución entre 2014 y 2019, destaca que, aunque la oferta inmobiliaria ha avanzado con fuerza, los indicadores durante este tiempo se han situado en niveles relativamente moderados desde una perspectiva histórica, evolución que se explica fundamentalmente por el débil crecimiento de la población durante dicho período.


Por otra parte, destaca el notable aumento acumulado de los precios de los alquileres, que responde a un incremento de la demanda de vivienda en alquiler, especialmente entre los jóvenes, que no ha podido ser absorbido por la oferta.


Otra característica del reciente periodo, apuntada por el artículo, es el recurso al crédito comparativamente menor que refleja los cambios en las características de los compradores de vivienda, con un mayor peso de los que tienen menores necesidades de financiación por contar con ahorros acumulados, lo que en parte está vinculado con unas condiciones crediticias más exigentes.


Por último, señala la elevada heterogeneidad regional del dinamismo de la actividad y los precios que se explica en buena medida por el desigual crecimiento de la población en distintas zonas.


Para resolver las dificultades en el acceso a la vivienda para determinados colectivos, como los jóvenes, los hogares con rentas más bajas, defiende que las medidas más efectivas son aquellas que se centran en incrementar de manera estable la oferta de vivienda en arrendamiento a disposición de los colectivos más vulnerables.


Así, indica que este tipo de políticas suelen instrumentarse a través de una combinación de estímulos al sector privado para que facilite un incremento progresivo y sostenido de la oferta y de provisión pública de vivienda de alquiler.


También defiende que podrían considerarse políticas centradas en detectar y recalibrar aquellos componentes de la regulación urbanística y del uso del suelo que dificultan la disponibilidad de viviendas en áreas tensionadas.


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