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El Defensor del Pueblo defiende una renta mínima estatal similar a la que prepara el Gobierno

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 13 de mayo de 2020, 13:47 h (CET)

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)


El Defensor del Pueblo defiende la puesta en marcha de una renta mínima estatal en forma de prestación no contributiva dependiente de la Seguridad Social para superar la "desigual" cobertura de este tipo de subsidios que existe entre comunidades autónomas.


La propuesta figura en el informe anual de la Institución publicado este miércoles y coincide en términos generales con el Ingreso Mínimo Vital que prepara el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones junto a la Vicepresidencia de Derechos Sociales. La previsión del Gobierno es que la nueva prestación esté lista a finales de mayo.


En su informe de 2019, el Defensor del Pueblo asegura que recibe y tramita muchas quejas sobre la cobertura y suficiencia de las distintas rentas mínimas de inserción porque es "muy desigual en función del territorio".


En su opinión, la solución "más eficaz" pasaría por "establecer y regular por ley una prestación no contributiva en el Sistema de Seguridad Social", aunque también podría establecerse otro tipo de ayuda cuyo contenido mínimo se fijase por ley. En ambos casos, dicha cuantía podría ser completada por las comunidades autónomas, tal y como propone el Ejecutivo.


El Defensor apela en su informe al debate parlamentario para llegar a una propuesta legislativa que cuente "con un amplio respaldo", a partir de las distintas medidas que proponen los grupos.


"Existe margen para un acuerdo en materia de ampliación de la garantía de rentas en España, que se traduzca en una propuesta legislativa viable con un amplio apoyo parlamentario", indicó, a fin de "garantizar una mayor suficiencia de rentas a los hogares más castigados por la crisis".


RETRASOS


El mayor número de quejas relacionadas con las rentas mínimas recibidas por el Defensor del Pueblo en 2019 tuvo que ver con los retrasos excesivos, "especialmente significativos" en los últimos años en Andalucía. A 5 de septiembre de 2019, Andalucía tenía 43.411 solicitudes pendientes que habían superado el plazo máximo de resolución y se estaban resolviendo solicitudes presentadas en enero de 2018, con un retraso de año y medio.


A juicio del Defensor, todo esto demuestra "la necesidad de modificar el sistema de gestión de la renta mínima de inserción social con carácter urgente".


Por ello, formuló una recomendación y varios recordatorios de deberes legales a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, para que adopte las medidas necesarias de cara a la dotación de medios personales y materiales que garanticen la resolución de las solicitudes de renta mínima de inserción social en el plazo previsto por la ley.


El informe también destaca demoras en la tramitación de solicitudes y recursos de alzada en Cataluña, Principado de Asturias y la Generalitat Valenciana.


Además, el Defensor continuó recibiendo quejas sobre distintos aspectos de la regulación y la gestión de la prestación en la Comunidad de Madrid, y realizó cuatro recomendaciones para mejorar este servicio.


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