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El Congreso tramitará como proyecto de ley el decreto sobre moratoria en alquileres de locales y pago fraccionado de impuestos

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 13 de mayo de 2020, 16:47 h (CET)

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)


El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles tramitar como proyecto de ley el último 'macrodecreto' aprobado por el Gobierno con una treintena de medidas económicas y sociales para encarar la situación creada por la pandemia del Covid-19 como moratorias en el alquiler de los locales, el pago fraccionado del impuesto en Sociedades y en el IVA, la extensión del teletrabajo o permitir Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a empresas de servicios esenciales.


Sale adelante con el voto favorable del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, entre otros, el rechazo de Vox y la abstención del PP, después de que varios grupos como Ciudadanos y el PP solicitasen su tramitación como proyecto de ley para poner introducir enmiendas al texto.


La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, explicó que es, en gran parte, respuesta a la actitud de “escucha” del Gobierno tras analizar, junto a agentes sociales y grupos políticos, qué medidas eran preciso perfeccionar, ampliar o acuñar para encarar las necesidades que van surgiendo según evoluciona el confinamiento.


Calviño refirió que se agregarán a las muchas adoptadas con anterioridad y que “ya han contribuido a aliviar la situación que atraviesan más de siete millones de ciudadanos”, entre las que figura la flexibilización de los ERTE, la línea de avales del ICO o ayudas a autónomos.


El real decreto visado ahora por la Cámara Baja pivota sobre cuatro objetivos “claves”: reducir el coste operativo de las pymes y autónomos, reforzar la financiación empresarial, facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo, sintetizó asegurando que “no son medidas del Gobierno” o del Congreso sino “ciudadanas”. “Supone un esfuerzo importante por parte de la sociedad que da soporte al tejido productivo, al empleo y a los colectivos más vulnerables”, abundó.


Para aliviar la carga a autónomos y pymes detalló que se regula una solución para que puedan renegociar o aplazar el pago de los alquileres de sus locales con grandes tenedores o empresas públicas. Cuando el arrendador es un pequeño propietario podrán disponer de la fianza para el abono, reintegrándola antes de un año.


150.00 INMUEBLES DE USO COMERCIAL


Así, los negocios que “permanecen solventes y rentables” podrán hacer frente a sus obligaciones de pago, sin poner “en riesgo su supervivencia”, explicó, detallando que esta solución podría beneficiar a más de 150.000 inmuebles de uso comercial, que suponen el 11% del total, y a más de 70.000 de uso de ocio y hostelería, “casi un tercio del total”.


Para reforzar la financiación empresarial subrayó que se habilita al Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE) a conceder aplazamientos de las cuotas de los préstamos otorgados en el marco de sus programas de subvenciones o ayudas reembolsables. Podrán acogerse 845 préstamos con vencimiento con más de un millón de euros al mes, convirtiéndose, según la ministra, en “un balón de oxígeno para las empresas afectadas”.


El macro real decreto extiende además los avales del ICO a las emisiones de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), refuerza al Consorcio de Compensación de Seguros para que opere como reasegurador para riesgos de crédito y potencia la capacidad de las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas, con el refuerzo de Cersa.


“Se trata de garantizar la liquidez del tejido productivo” y mantener los flujos porque son “el alimento” para las empresas y, por tanto, para la economía, refirió. Calviño quiso poner aquí el acento en que el ICO ya ha registrado más de 318.000 operaciones hasta el pasado domingo y con ellas ha logrado movilizar 41.266 millones de euros en financiación tras aportar 31.400 millones en avales.


En materia fiscal recordó que se establece un IVA del 0% de manera excepcional y hasta el 31 de julio para la importación de material sanitario de otros países para centros hospitalarios, clínicas y entidades públicas o privadas, pero de carácter social, y subrayó que también se reduce del 21 al 4% el IVA para las publicaciones digitales.


A fin de aliviar el pago de impuestos a las empresas y autónomos, también flexibiliza la tributación del Impuesto de Sociedades, IVA e IRPF permitiendo su pago fraccionado. En su conjunto abundó que estos aplazamientos inyectarán 1.100 millones de euros adicionales a la liquidez de compañías y autónomos.


En materia laboral, el real decreto prorroga “el carácter preferente” del teletrabajo, posibilita los ERTE por fuerza mayor en sectores esenciales y amplía la cobertura de la prestación por desempleo a aquellos trabajadores que se encontraban en periodo de prueba y perdieron su empleo por la crisis y aquellos otros que dejaron su puesto por tener una oferta de trabajo que finalmente decayó. Para evitar abusos eleva las sanciones por la presentación de ERTE fraudulentos.


MEDIDAS ‘INSUFICIENTES’


Los grupos políticos aplaudieron, en general, las medidas contenidas en un real decreto que varios bautizaron de “ómnibus” y que la mayoría reprocharon que llegan tarde y resultan insuficientes.


El diputado del PP, Miguel Ángel Paniagua, afeó al Gobierno utilizar el real decreto para “colar la sorpresita” del traspaso a la Seguridad Social de las pensiones de los funcionarios, en lugar de mantenerse en Hacienda, provocando una “inseguridad” para 650.000 familias.


Esta medida fue precisamente la que invocó el diputado de Vox, Ivan Espinosa de los Monteros, para justificar el voto contrario de su grupo tras calificarla de “atropello de todos los ciudadanos” al incluirla en una ley urgida por la crisis. Agradeció una moratoria en los alquileres para locales que dijo haber solicitado desde Vox, y juzgó de “confuso” el fraccionamiento y aplazamiento en los impuestos.


Espinosa de los Monteros pidió mejorar la fiscalidad y garantizar la liquidez asegurando que “no les está llegando” a los autónomos como debiera, cuando sí les exige pagar las cuotas a la Seguridad Social “incluso prohibiéndoles salir a trabajar”, y acusó al Gobierno “socialcomunista” de no preocuparse por crear empleos sino fomentar subsidios con la renta mínima. “El objetivo no puede ser convertirnos en subsidiados dependientes de un pago del Estado, puede ser un remedio pasajero, pero el objetivo debe ser crear empleo con intensidad”, apuntó.


Para el diputado popular Miguel Ángel Paniagua el real decreto incluye “algunas buenas medidas”, aunque quiso fijar su intervención en las “carencias” para que “se solucionen”. Entre ellas juzgó insuficiente que empresas y autónomos solo puedan echar mano de la fianza para pagar sus alquileres de locales cuando el dueño es un pequeño arrendador y afeó que se haya cerrado el crédito a empresas y autónomos a través de Cesce.


“Deben solucionarlo de manera inmediata o provocarán un cierre inmediato que ya se está produciendo”, inquirió. Las medidas fiscales son “escasas” y llegan “tarde” para algunos pagos fraccionados, abundó pidiendo que se tome ejemplo de países que han adoptado “medidas contundentes” en materia fiscal para ayudar a las empresas con la crisis.


La diputada de Ciudadanos, María Muñoz, coincidió con la bondad de las medidas laborales y sociales, aunque las tachó de “insuficientes” y arremetió contra la, a su juicio, escasa ayuda para los autónomos. Pidió articular un “salvavidas” efectivo con el argumento de que están teniendo problemas de demanda por parte de clientes, pero también con sus proveedores, si bien reconoció la bondad de la rebajas en cuotas de las que ya se están beneficiando un millón de autónomos.


El diputado de Unidas Podemos, Txema Guijarro, avaló la capacidad del Gobierno de “adaptación” a las necesidades que van surgiendo completando o definiendo las medidas, pero afirmó que hay que ir más allá en Europa. A su juicio, la crisis actual exige una “ambiciosa política fiscal europea”, impuestos a las grandes fortunas y empresas digitales y hasta una renta vital europea, además de una política monetaria más contundente, sugiriendo que el BCE compre deuda directamente en los mercados primarios como hace la FED estadounidense o su homólogo en Japón.


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