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MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
El delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, señaló que, previsiblemente antes de que acabe el mes de noviembre, iniciarán la modificación de la Ordenanza de Movilidad para poder poner en marcha el proyecto ‘Madrid 360’, cuyo trámite es “muy largo y proceloso”.
En una entrevista concedida a la agencia de noticias Servimedia, Carabante explicó que el trámite de la modificación de la ordenanza comienza con una consulta previa pública, “para que los ciudadanos puedan aportar, no sobre el texto de la ordenanza sino sobre las consideraciones que hace el Ayuntamiento”.
Por tanto, añadió, hay que hacer la consulta previa, que empezará en las próximas semanas. A partir de ahí, “hay que dar 30 días para recoger esas alegaciones y después tramitar la información pública de la ordenanza en sí.
Luego, una vez que esa ordenanza se haya tramitado a información pública hay que aprobar en Junta de Gobierno y en Pleno"." Por tanto", señaló, “hablamos de seis o siete meses de tramitación”, por lo que confió en que esté en vigor antes del verano del año que viene.
Además, Carabante recordó que cuando presentaron el nuevo proyecto de ‘Madrid 360’ dijeron que iban a abrir un debate y una interlocución con todos los afectados, donde poder incorporar sugerencias y puntos de mejora de los empresarios o vecinos.
“Cuando acabemos el documento lo tramitaremos e iremos a Bruselas. Eso será en el primer trimestre de 2020”, aseguró el responsable de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio madrileño.
MULTAS CON EL MISMO IMPORTE EN 2020
Respecto al anuncio que hizo el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, durante la campaña electoral de que reduciría a la mitad la cuantía de las multas que no afectasen a la seguridad vial, Carabante señaló que llevarán a cabo esa medida, pero matizó que “no con carácter inmediato”, entre otras cosas porque “hay que tener clara la ordenanza para poder sancionar”.
En este sentido, recordó que dijeron que iban a reducir a la mitad el importe de las sanciones que no afectaran a la seguridad vial, porque “no puede ser un instrumento de recaudación de los ayuntamientos para la prestación de los servicios públicos”.
El responsable de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio madrileño indicó que las multas tienen que tener “carácter disuasorio” para quien infringe la normativa, pero “no puede tener un coste desmesurado respecto a los ingresos de una persona”.
A este respecto, Carabante comentó que llevarán a cabo esta medida una vez que hayan modificado la ordenanza “para aclarar primero cuáles son las infracciones”, pero descartó que dicha reducción del importe de las multas se vaya a llevar a cabo en 2020.
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