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Madrid "respeta" sentencia que condena al jefe de Disciplina Urbanística por derribo ilegal de una casa en Cañada Real

Agencias
sábado, 19 de julio de 2025, 13:04 h (CET)

Madrid

El delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, ha mostrado "total respeto a las decisiones judiciales" tras la condena al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, Julio Cesar Santos, a nueve años de inhabilitación para ejercer como cargo público relativo a urbanismo por un delito de prevaricación administrativa.

"Respeto a las decisiones judiciales. Es un funcionario ejemplar, que tiene una trayectoria impecable, ha trabajado muy bien en el Ayuntamiento. Nos sorprende un poco, pero total respeto a las decisiones judiciales", ha manifestado este sábado a los medios de comunicación desde Plaza de las Meninas.

Según la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se absuelve al que fuera comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid entre los años 2021 y 2023, Markel Gorbea. Además, se declara al Ayuntamiento de Madrid responsable civil subsidiario.

Santos y Gorbea se sentaron el pasado 9 de julio en el banquillo de los acusados por la demolición por error de una vivienda en la Cañada Real en julio de 2022 al no comprobar que estuviera habitada.

Dicho derribo se ejecutó pese a no existir una orden judicial firme y cuando el vecino había recurrido el procedimiento administrativo de cese de uso abierto unos meses antes, según concluyó el juez.

Por estos hechos, el fiscal solicitaba diez años de inhabilitación para los procesados por presuntamente prevaricar con la finalidad de agilizar el derribo de la citada vivienda.

En su declaración, el jefe de Disciplina Urbanística manifestó que el comisionado de la Comunidad de Madrid informó a través de un email de que la vivienda estaba abandonada sin que recurriera la orden de desalojo.

"El comisionado nos llama y nos dice que había viviendas vacías que se iban a okupar. En todas las parcelas se actúa igual. La Comunidad de Madrid era la titular de los terrenos", apuntó indicando que la presencia policial no es obligatoria en los derribos.

Por su parte, el excomisionado explicó que este organismo regional no tiene poder legislativo ni ejecutivo sino que coordina conforme a un convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento capitalino para proceder al realojo de la Cañada Real y al ser la Comunidad la propietaria de los terrenos públicos.

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