La ONG de DDHH Cristosal suspende sus operaciones en El Salvador ante la escalada represiva en el país

La ONG de defensa de Derechos Humanos Cristosal ha anunciado este jueves que ha suspendido sus operaciones en El Salvador ante la escalada represiva en el país centroamericano por parte de la Administración de Nayib Bukele, pero ha asegurado que continuará su labor desde el exilio.

Cristosal ha explicado que, tras 25 años trabajando por la defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, sus labores se han visto afectadas por "la escalada de criminalización de defensoras y defensores, la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros y la débil independencia institucional".

"Su trabajo continuará reorganizado y comprometido desde nuestras sedes en Guatemala y Honduras", ha asegurado la organización a través de un comunicado publicado en su perfil en la red social X, en el que ha asegurado que esta "dolorosa" decisión tiene el objetivo de proteger a su equipo y "resguardar su labor".

No obstante, ha asegurado que no renuncian a su personalidad jurídica ni a su compromiso con El Salvador. "Hemos presentado nuestra inscripción en el Registro de Agentes Extranjeros porque la defensa de DDHH es irrenunciable", ha agregado.

En este contexto, ha denunciado que "el régimen de los hermanos Bukele ha desmantelado los principios básicos de la democracia": Bajo un Estado de excepción permanente y con control casi absoluto de todas las instituciones, El Salvador ha dejado de ser un Estado de derecho. Expresar una opinión o exigir derechos básicos hoy puede costar la cárcel", ha advertido.

De hecho, la propia Cristosal "ha enfrentado acoso legal y administrativo, espionaje, vigilancia de sus actividades y hogares, así como campañas de difamación". "Esta cultura de miedo --alimentada por rumores de listas negras, vigilancia, visitas policiales intimidantes y detenciones arbitrarias-- funciona como un mecanismo de control social", reza el texto.

Su decisión llega meses después de que las autoridades detuvieran a la abogada y defensora Ruth López, que es una de las voces más críticas con el Gobierno de Bukele y que era la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal. La Fiscalía le acusó de colaborar "en la sustracción de fondos de las arcas del Estado" pero le acabó procesando por enriquecimiento ilícito.

En cuanto a su arresto, ha reiterado que no se trata de "un caso aislado, sino parte de una estrategia de castigo ejemplar para intimidar". "Ruth está presa por exigir transparencia y denunciar la corrupción. Como ella, muchas otras personas han sido criminalizadas por su labor o forzadas al exilio", ha añadido.