
Modifica a la baja las penas de todos los acusados por las dilaciones indebidas
La Fiscalía Antidroga ha rebajado de 46 años y 6 meses a 15 años su petición de pena de prisión para Artemio López Tardón, uno de los presuntos líderes de la organización delictiva conocida como 'Los Miami' acusado --entre otros delitos-- de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas y su confesión de los hechos.
La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio que se sigue contra 81 presuntos miembros de la organización acusada de introducir al menos 7,5 toneladas de cocaína en España --para su distribución por Europa-- y de blanquear las decenas de millones de euros obtenidos con la venta entre 2007 y 2011.
El fiscal antidroga Manuel Pérez Veiga ha rebajado las penas de los 81 procesados al considerar que "en todos y cada uno de los acusados concurre, con el carácter de simple, la circunstancia atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento", según consta en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press. A 61 de los 81 acusados también se les ha aplicado la atenuante analógica muy cualificada de confesión de los hechos.
En la lista de beneficiados figuran la acusada Ana María Cameno, conocida como 'la reina de la coca', y el que fuera su pareja, David Vela. La Fiscalía ha rebajado su petición de cárcel para ambos de los 39 años y 9 meses a los 5 años.
Al inicio del juicio, el pasado 6 de marzo, 'la reina de la coca' asumió los hechos descritos por el Ministerio Público y se declaró culpable de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, si bien no se ha mostrado conforme con la pena de 39 años de cárcel que le pedían.
Al día siguiente, Artemio López Tardón, acusado de liderar 'Los Miami' junto a su hermano Álvaro --que cumple 150 años de prisión en Estados Unidos--, reconoció parcialmente ante la Audiencia Nacional los hechos que se le imputan. Se declaró culpable de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública, pero negó tener nada que ver con el tráfico de droga o con la falsificación de moneda.
CONFORMIDAD DE LAS DEFENSAS
Este martes, el Ministerio Público ha defendido --durante al menos cinco horas-- el escrito en el que recoge dichas rebajas y que presentó ayer por la tarde ante el tribunal de la Sección Cuarta; además, ha matizado algunos errores involuntarios en su redacción. La mayoría de las defensas se han adherido total o parcialmente a lo expuesto por la Fiscalía.
A Artemio López Tardón se le acusa de haber liderado una de las cuatro ramas de la "complejísima organización delictiva" que solo en el año 2010 ganó 52 millones de euros por sus actividades ilícitas, según apuntó el magistrado a cargo de la investigación. La red que dirigía contaba en España, Estados Unidos y Colombia con una elaborada infraestructura para las operaciones de narcotráfico desplegadas desde Sudamérica hasta Europa.
A Ana María Camero y David Vela, por su parte, se les acusa de liderar la rama que se encargaban de recibir la cocaína en España y distribuirla a numerosos sujetos, entre ellos los miembros de las ramas tercera y cuarta.
En concreto, el tercero de los sectores de la organización estaba liderado por los hermanos Raúl y Víctor Juárez Smith, cuya función principal era la distribución y venta de gran parte de la cocaína que llegaba a España. El cuarto sector, por su parte, estaba comandado --siempre según el auto de procesamiento-- por el hispano-colombiano Laurentino Sánchez Serrano y que, al igual que el anterior grupo, se dedicaba a la recepción, distribución y, además, al blanqueo de los fondos a través de un ficticio entramado empresarial.
Respecto a estos últimos, la Fiscalía ha rebajado su petición de prisión a Raúl y Víctor Juárez Smith, para quienes pedía penas de 27 y 30 años respectivamente, a 3 años y 2 meses de cárcel y 3 años y 4 meses. Para Laurentino Sánchez Serrano pasa de pedir 33 años y 9 meses a 4 años y 6 meses de prisión.
Una de las defensas ha explicado este martes que "el transcurso del tiempo" les ha llevado a pasar de intentar conseguir "nulidades" a conformarse con dilaciones indebidas y a optar por un acuerdo con el Ministerio Fiscal.
LOS ACUSADOS NIEGAN EL TRÁFICO DE DROGAS
Al margen de las conformidades a las que han llegado en varios de los delitos, varias defensas han incidido en que respecto al delito contra la salud pública "no cabe la posibilidad de ninguna condena posible". "Aquí no había sustancia alguna que se pudiera entender que haya sido objeto de ese acto de tráfico", ha recalcado uno de ellos.
El letrado a cargo de representar a Artemio López Tardón ha coincidido con que no hay pruebas que permitan vulnerar el delito de presunción de inocencia de su cliente respecto al tráfico de drogas. Ha incidido en que el hecho de que 'la reina de la coca' tuviese en su agenda el número de teléfono del acusado no es indicio alguno de delito y que no hay más pruebas al respecto.
"¿Cómo se puede decir que se han introducido 7 toneladas de cocaína y no se haya intervenido nada? (...) Nunca han sido objeto de investigación aquí en España", ha añadido otra de las defensas.
DILACIONES INDEBIDAS Y CONFESIONES
Las defensas y el fiscal se han pronunciado en el marco de la sesión del juicio que se ha retomado este martes tras el parón de Semana Santa, toda vez que la Fiscalía había pedido al tribunal un tiempo prudencial para trabajar en las modificaciones del escrito de conclusiones provisionales que presentó el 14 de mayo de 2019 y los subsiguientes, firmados en septiembre de 2019, en mayo de 2020 y en abril de 2021.
Los cambios de petición de penas que se han materializado esta mañana estaban previstos debido a los acuerdos alcanzados entre el Ministerio Público y gran parte de los encausados, aunque ha sido ahora cuando el fiscal ha informado a la Sección Cuarta de sus modificaciones.
En la sesión de este martes, el fiscal ha aprovechado para defender su acusación y la validez de la prueba recabada en el marco de las pesquisas, por lo que ha reclamado una sentencia condenatoria para todos los acusados. Eso sí, según ha explicado, se ha visto en la necesidad de aplicar la atenuante de dilaciones indebidas a todos los que están sentados en el banquillo por la "dejadez" y la "desidia" del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, que al principio estuvo a cargo de la investigación.
"Esta acusación se formula, se mantiene, se sostiene no gracias a la labor instructora, que de alguna manera hay que calificarla, sino a pesar de la labor instructora efectuada", ha dicho al tiempo que ha reprochado la "ausencia de numerosísimas diligencias, alguna de ellas clamorosas".
Pese a ello, el fiscal ha aplaudido el trabajo de otros juzgados que también llevaron a cabo pesquisas antes de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre quién tenía la competencia.
Al margen, ha criticado la labor de las autoridades de Estados Unidos. "Es nuestra obligación dejar constancia públicamente del notable malestar por nuestra parte por la nula cooperación de las autoridades norteamericanas. Hay que decirlo así, las cosas como son", ha añadido.
Tras la intervención del Ministerio Público, se espera que esta semana quede visto para sentencia el juicio en el que se les imputan presuntos delitos que van desde el blanqueo de capitales a la tenencia ilícita de armas, pasando por el tráfico de drogas, la falsedad documental, contra la Hacienda Pública o la falsificación de moneda.
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