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MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (CEDID), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda ha defendido la desinstitucionalización de las personas con discapacidad como política de Estado, mejorando el sistema de apoyo y cuidados para aquellas personas que viven situaciones de vulnerabilidad y exclusión.
Así lo ha explicado Berta González, una de las asesoras de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, que ha participado en unas jornadas organizadas por CEDID, moderadas por el director del Servicio de Información e Investigación Social (SIIS), Joseba Zalakain, y en las que han dialogado también el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno y la directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, María del Carmen Barranco.
En su intervención, González ha explicado que "es importante un proceso de cuestionamiento antes de desarrollar políticas públicas". Además, ha afirmado que se "necesitan espacios de innovación social con propuestas ambiciosas creativas y disruptivas que nos permitan desarrollar estos procesos de transformación".
A su juicio, esta desinstitucionalización pasa por tres ejes: sistemas de apoyo personalizados, con soluciones alineadas con el proyecto de vida de la persona; comunidades inclusivas (accesibilidad universal, vínculos con el vecindario, cultura de proximidad en los sistemas de apoyo y cuidados, sistemas de apoyo centrados en el territorio); nuevos roles profesionales, con funciones flexibles centradas en el apoyo y cuidados para la buena vida; y contexto de coproducción, en el que las personas y familias tengan el control sobre los apoyos que reciben y haya un enfoque de participación que ponga en valor la diversidad.
Por su parte, Pérez Bueno ha declarado que "no pueden darse por válidas soluciones de vida que son impuestas por la vía jurídica y que no aseguran la libertad de cada persona para elegir ese modo de vida". Según ha señalado, "se están generando nuevas formas de institucionalización porque no hay todavía conciencia de que eso debe ser replanteado" y ha apelado a la responsabilidad de las instituciones y al propio movimiento asociativo para que "cualquier estrategia nueva no cree recursos que vayan contra este horizonte".
El presidente del CERMI ha destacado también la importancia de "actuar para generar en las personas con discapacidad una cultura del empoderamiento, de la afirmación, de los derechos". "Esto tiene que terminar políticamente en una estrategia nacional definida, con presupuesto, indicadores, resultados, que implique a todas las administraciones públicas", ha declarado.
Del mismo modo, Barranco ha explicado que la institucionalización "no es compatible con los derechos humanos" porque "cuando a las personas se les obliga a vivir de este modo no se hace pensando en proteger sus derechos, ni tampoco se tiene en cuenta su opinión, ni tampoco aprenden que tienen derechos y a defenderlos".
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