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MADRID, 19 (OTR/PRESS) Es hoy un día imposible para escribir lo que ustedes van a leer mañana. La decisión del Tribunal Constitucional pende sobre todos y sobre todos. Porque no me cabe duda que estamos ante un momento trascendental en la historia de la democracia española alumbrada en 1978 y que pudiera incluso ser el de su final tal y como fue concebida.
Pero a expensas de ese resultado si hay otro asunto esencial que es importante aclarar. Y ese no es otro que lo que se pretende negar por parte de gobierno y sus aliados. El Tribunal Constitucional no solo tiene derecho sino que tiene la obligación de dictaminar sobre lo que le ha sido consultado en petición de amparo ante la sospecha de que se esté vulnerando, precisamente, la Constitución.
La sarta de mentiras ante el asunto queda desorejada con tan solo leer, y basta con ir al art. 1.2 de la Carta Magna. "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". El Parlamento, el poder legislativo, es uno de ellos y desde luego puede cambiar las leyes. Claro que puede, pero dentro y respetando la Ley, o sea dentro de lo que dicta la propia Constitución. Que también pueden promover cambiar. Sí, pero ateniéndose a la propia ley, o sea primero con una votación de 2/3 a favor y luego, y esto es todavía más crucial, sometiendo el cambio a un referéndum nacional en el que participen todos los españoles.
Como por ejemplo será preceptivo hacer, si un día, que cada vez parece más cercano, hay que votar la independencia de Cataluña. Algo en lo que debemos decidir tanto un señor de Reus como una señora de Valladolid. Que en eso en lo que están, separatistas y sanchistas, en hacernos trampas, meterse por la puerta de atrás, cambiar las reglas del juego y la Ley y robarnos a todos el voto. El conflicto de ahora no es otra cosa que preludio de todo ello y de esto es por ello y para ello por lo que se está perpetrando. Y la premisa falaz, también. Porque el Congreso puede votar lo que quiera, pero siempre que eso tenga cabida en la Constitución y no la vulnere de manera flagrante. Y eso es lo que ha de decidir ahora el tribunal que tiene encargada esa misión. Si lo que se pretende colar, votar y ejecutar es constitucional o de inicio no es admisible hacerlo porque viola la Constitución y de hacerlo causaría un daño irreversible.
No es nuevo y tenemos ejemplos recientes. Sucedió hace bien poco, cuando la asonada secesionista de los hoy aliados de Sánchez y fue entonces el PSC, cuando el Parlamento Catalán, pretendió hacer algo muy similar. Fueron ellos quienes recurrieron en amparo ante el Constitucional y el Tribunal entendió que tenía razón y prohibió tal votación.
Lo que ahora sucede es idéntico. Se pretende, atropelladamente y atropellando toda norma y ley, "colar" por la puerta falsa leyes de efectos irreversibles, una de ellas el cambio de 2/3 votos para nombramientos de máximo rango.
Y eso es lo que sencillamente debe dictaminar el Tribunal Constitucional, que para eso, exactamente y para eso y más en una situación excepcional, está. Si lo que pretende el Gobierno viola o no en su propia formulación, la Constitución. Esa es la cuestión. Pero que el TC tiene no solo el derecho sino la obligación de pronunciarse eso no se puede democráticamente negar. Aunque haya ocasionados y desvaríos, como el del tal Sicilia y todos los que le jalearon, que pretendan equipararlo al golpe de Tejero. Cuando, y sin quizás, son ellos y sus socios quienes más cerca están, y algunos metidos hasta el cuello, en este golpe anticonstitucional.
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