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MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La Secretaría de Estado de Seguridad ha declarado la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía de Roberto Carlos R. P., adscrito a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, agente que fue condenado por sentencia firma por obtener de forma ilegal permisos de residencia a extranjeros.
Según ha publicado este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), se le retira la condición de funcionario del Cuerpo como responsable en concepto de autor de un delito continuado de falsedad en documentos oficiales cometido por funcionario público, en concurso medial con un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La Sección número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, en Sentencia número 295/2019, de fecha 6 de mayo de 2019, ya firme, condenó al citado funcionario a dos años y dos meses de prisión con las accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, multa de seis meses a razón de tres euros de cuota diaria e inhabilitación especial durante un año y diez meses para todo empleo o cargo público relacionado con servicios policiales o de inmigración.
El citado Tribunal remitió con fecha 23 de mayo de 2022 testimonio de la liquidación de condena en el que declaraba como fecha de inicio del cumplimiento de la pena de inhabilitación citada el día 9 de febrero de 2022.
Así, de acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional, son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera de la Policía Nacional la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público que tuviere carácter firme.
Por ello, la Secretaría de Estado ha dispuesto declarar la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de la Policía Nacional, con categoría de policía por la pena de inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo público, a la que ha sido condenado, con fecha de efectos 9 de febrero de 2022 tal y como consta en la liquidación de condena realizada por la autoridad judicial.
EL CASO
La Audiencia Provincial de Madrid juzgó en febrero de 2019 a este policía y a una abogada acusados de obtener entre 2006 y 2008 de forma ilegal permisos de residencia a extranjero. Concretamente, se solicitaba ocho años de prisión para Roberto Carlos R.P., un agente destinado en servicio de informática y otros dos años y ocho meses para su expareja y abogada en ejercicio Susana G.G.
Se les imputaba un delito continuado de falsedad en documento oficial ya que obtenían las autorizaciones de residencia previas a la obtención del permiso de residencia y de trabajo a personas que no reunían los requisitos legales para su obtención.
También figuraba como acusada en el juicio María Victoria D.V., una auxiliar administrativo adscrita a la Brigada de Extranjería y dos años y ocho meses para Tania G.G., quien al igual que su hermana Susana era una abogada en ejercicio.
En el escrito de acusación aparecían también una veintena de personas la mayoría de nacionalidad colombiana a quienes se piden penas que en ningún caso superan los tres años de prisión.
Susana G.G. era una abogada en ejercicio que se dedicaba "sobre todo" a la tramitación "rápida" de permisos de residencia "incluso si los solicitantes no reunían los requisitos legales para su obtención". Contaba con la ayuda de su entonces pareja sentimental, un policía destinado en el servicio de informática y de su hermana la también abogada Tania G.G.
Así, en un periodo de tiempo comprendido entre los años 2006 y 2008 Susana G. se encargada de contactar con extranjeros residentes ilegales a quienes a cambio de unos 10.000 euros les conseguía a través del policía un permiso de residencia "pese a que no contaban con los requisitos legalmente establecido para ello".
Además, facilitaba la entrada a España a ciudadanos extranjeros de forma irregular sin visados o acreditaciones para que traspasaran la frontera sin problemas. Mientras, su hermana Tania también se encargaba de captar clientes.
Por su parte, Roberto Carlos R., quien por su trabajo conocía todos los datos de acceso a la aplicación de un programa de gestión de trámites de extranjería, era quien grababa en el expediente de personas que querían venir a nuestro país las autorizaciones y permisos correspondientes de residencia y trabajo "que elaboraba él mismo informáticamente estampando la firma escaneada y de forma completamente irregular del Comisario Jefe encargado en teoría de su concesión".
Junto al acusado colaboraba María Victoria D. V., una auxiliar de administración adscrita a la Brigada de Extranjería. Tanto Rodríguez como Dalda realizaban los trámites necesarios para la obtención de autorizaciones de residencia temporal inicial, autorización de regreso y expedición de tarjetas de residencia con el fin de que los otros acusados pudieran entrar a España sin ningún problema.
En total lograron introducir en nuestro territorio a 20 personas (19 de nacionalidad colombiana y otra serbia) quienes, según la Fiscalía, utilizaron "la correspondiente autorización de regreso a sabiendas de su mendacidad, obteniendo posteriormente el correspondiente permiso de residencia y trabajo sabiendo que no reunían los requisitos legales para ello y que se había obtenido de forma irregular", siguiendo el escrito de la Fiscalía.
Se da el caso de que una de las personas a quienes falsificaron su expediente para que pudieran residir en España tenía prohibida su entrada en territorio Schengen.
También se da la circunstancia de que otro de los acusados, Octavio Alberto de los Ríos, pagó una elevada cantidad de dinero para conseguir de forma ilegal una autorización de regreso a su mujer y de su hija menor edad quienes consiguieron finalmente entrar en territorio español pese a carecer del correspondiente visado.
Llamó la atención de la Fiscalía el hecho de los acusados hicieran constar como domicilio la dirección que en realidad corresponde a la sede de la compañía telefónica.
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