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MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Crue considera que el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobado por el Consejo de Ministros y enviado al Congreso de los Diputados, mejora el texto anterior presentado por el Gobierno a finales del pasado mes de agosto, especialmente en el reconocimiento de la necesidad de dotar de una adecuada financiación a la universidad pública, similar a la de los países de su entorno, para que pueda llevar a cabo las nuevas misiones que tiene encomendadas.
En ese sentido, los rectores y rectoras valoran que la nueva ley establezca por primera vez en su articulado el incremento de la financiación pública hasta al menos el 1% del PIB para estas. No obstante, opinan que "debería precisarse mejor en su origen y calendario de ejecución".
Asimismo, la Crue sostiene que es "importante que se preste en general una mayor atención" a la I+D en todo el sistema universitario, y en particular "en conectar las universidades con otros centros educativos, culturales y científicos para incentivar la investigación y reforzar las actividades educativas científicas y las vocaciones científicas".
La organización valora positivamente que la ley incluya la propuesta de que el mandato de rector o rectora sea único y de seis años improrrogables y que se plantee una nueva carrera académica, así como que contenga apartados sobre formación permanente, ciencia abierta y ciencia ciudadana. "Es muy positivo el refuerzo de la autonomía universitaria al incorporar una mayor capacidad de desarrollo de algunos artículos por parte de las universidades a través de sus estatutos", ha explicado.
En relación con elección de los órganos unipersonales, como el de rector o rectora, Crue insiste en que debería concederse a las universidades "más libertad para decidir sobre su proceso, procedimiento y requisitos". En este punto, considera que la propia Ley "debería contemplar que el rector o rectora debe contar con méritos científicos y académicos relevantes que aseguren capacidad y protejan la responsabilidad del cargo del conflicto de intereses".
"El procedimiento de selección de miembros externos a la comunidad universitaria en el órgano de gobierno, y en especial en el consejo social, debería producirse en términos similares a los de buena parte de las universidades de la UE, donde las propias universidades proponen una parte relevante de los mismos", ha defendido.
Respecto al profesorado, Crue valora positivamente la apuesta por la reducción de la temporalidad y precariedad, pero plantea que el máximo del 8% de temporalidad no debe afectar al profesorado asociado. Además, a su juicio, la reducción del encargo docente en ciertas figuras "debe ir acompañada de una fórmula de financiación que compense la necesidad de una mayor contratación".
En este aspecto, opina que "habría que tener en cuenta en los costes de personal las indemnizaciones por despido de quienes tienen contratos indefinidos cuando terminen las condiciones para su contratación". También ve importante que los costes de indemnización en contratos indefinidos sean elegibles en los proyectos de investigación.
Finalmente, Crue considera que "todavía queda espacio de mejora" en la tramitación del anteproyecto y ha indicado que continuará realizando propuestas para la elaboración de las enmiendas.
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