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Policías ratifican que los acusados orquestaron un entramado de empresas para defraudar a la Seguridad Social
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Una extrabajadora de iDental, que ha declarado como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por un supuesto fraude de casi 24 millones a la Seguridad Social, ha indicado que en las clínicas 'low cost' empezaron a pasar "cosas extrañas" como que se diera la orden desde arriba de cobrar a los pacientes solo en metálico y que se echara a la calle a "gente válida" para contratar a personas ajenas al sector, como a "una vendedora de Thermomix".
Preguntada por el fiscal sobre si tuvo conocimiento de irregularidades mientras estuvo en la empresa, la extrabajadora, odontóloga, ha señalado directamente a la contratación de gente que "no tenía nada que ver con el mundo sanitario". "De hecho, la directora de clínica que me pusieron era una vendedora de Thermomix que no tenía ni idea del sector dental ni sanitario", ha afirmado.
La Audiencia Nacional ha continuado este miércoles el juicio a siete responsables de la red de clínicas dentales, a quienes la Fiscalía atribuye la autoría o la cooperación necesaria en el delito continuado contra la Seguridad Social. Por estos presuntos hechos, el fiscal solicita para los acusados penas de 6 a 3 años de cárcel y reclama multas que oscilan entre los 3 y los 90 millones de euros.
Para la Fiscalía, los responsables de iDental han causado un perjuicio millonario al Estado desde la gestión de Antonio García y Vicente Castañer, a los que sucedieron Luis Sans, José María Garrido, Juan Garrido, José Luis González y Domingo Bejarano.
La extrabajadora, que ejercía como directora médica en una clínica de iDental, ha relatado que, sobre el año 2018, un "día se llevaron los datáfonos y los pacientes tenían que pagar en efectivo", sin explicaciones. A los empleados se les indicó que una persona, y "una vez a la semana", iría para buscar el efectivo. Otra de las "cosas extrañas", según ha comentado la testigo en el juicio, era que a los trabajadores les pagaban "distintas sociedades".
Su clínica era "normal, con gente muy competente al mando". Sin embargo, ella decidió dejar la empresa ante los despidos de compañeros, los impagos a los protésicos y porque sus superiores y la dirección "tampoco tenía ningún interés en que la calidad asistencial fuera buena". "Les pregunté si iba a cambiar algo y me dijeron que no, que el problema lo tenía yo", ha apostillado.
LOS IMPAGOS, DE PUNTUALES A GENERALIZADOS
A continuación, una segundo testigo, que estaba al frente del área encargada de nóminas, contratos y seguros sociales, ha relatado que la empresa "nunca" había pedido aplazamientos a la Seguridad Social para saldar las deudas hasta que los miembros de la cúpula juzgada tomaron el mando de iDental. "No había sido necesario, se pagaba todo sin ningún problema y en plazo", ha señalado.
Preguntada por si los impagos de las cuotas a la Seguridad Social fueron puntuales o generalizados, la testigo ha asegurado que con el paso del tiempo pasaron a ser algo común. "El hecho de que me hiciesen pedir aplazamientos me daba la impresión de que tenían la voluntad de arreglarlo, cosa que se vio después que no", ha dicho.
En la sesión de hoy también han comparecido como peritos dos policías que elaboraron un informe en el que ratifican las acusaciones hechas por la Fiscalía y el juez instructor, José de la Mata. Es decir, que los responsables de iDental centraron su modelo de negocio en un "entramado" que, pese a tener deudas con las arcas públicas, desviaba dinero a cuentas personales y compraba inmuebles.
"Nos llamó la atención esta estructura empresarial y su instrumentalización y que en una situación con problemas de impagos el grupo seguía gastando mucho dinero en publicidad mientras que no realizaba los seguros sociales de los trabajadores", han destacado.
El juez instructor acordó mandar a juicio a los siete acusados al entender que desde 2014 iDental había basado su modelo de negocio "en un gran entramado societario opaco, con organigramas empresariales complejos" y colaborando en "unos casos" con testaferros "para prestar la actividad médico dental mediante la apertura de clínicas y talleres en toda España y en el extranjero".
Dicho entramado empresarial, según el juez, contaba con dos tipos de sociedades: las mercantiles titulares de las clínicas y talleres donde se desarrolla la actividad profesional, y las sociedades interpuestas o pantalla y sus testaferros para "defraudar".
Según De la Mata, el funcionamiento de las clínicas consistía en ofertar tratamientos odontológicos a un sector de la población con ingresos medios-bajos, bajo compromiso de descuentos y facilitando su financiación a través de entidades diversas. De esta forma, el cliente quedaba como deudor de la financiera "y al albur del tratamiento clínico" que le iban administrando en iDental.
Ese sistema colapsó en octubre de 2017 por las deudas contraídas con proveedores y prestamistas, sin financiación nueva y el impago acumulado de nóminas y seguros sociales, dejando de prestar los tratamientos clínicos y miles de personas afectadas en todo el país.
Castañer y García habían llegado a montar medio centenar de sociedades en torno a iDental, pero llegado un momento extinguieron 34 de ellas, todas con deudas a la Seguridad Social, y dejaron el grupo empresarial en 21 para planificar su venta. Al final acabó en manos del fondo Weston Hill Asset Management mediante una sociedad interpuesta y el control pasó a Sans y los hermanos Garrido.
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