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MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Derechos Sociales y para la Agenda 2030 intentará de nuevo acordar con las comunidades autónomas, este martes 28 de junio, el nuevo modelo de residencias en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales, después de que su primera propuesta fuera rechazada por varias comunidades autónomas.
El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, cree que las comunidades autónomas "van a estar a la altura" y votarán a favor del nuevo documento.
El ministerio llevó el pasado 25 de mayo el documento al Consejo Territorial pero no consiguió cerrar un acuerdo con las comunidades autónomas para su aprobación. Entre las regiones que mostraron su rechazo se encontraban la Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta (presididas por el PP), Castilla-La Mancha, Extremadura (presididas por el PSOE), País Vasco y Cataluña. Por su parte, Castilla y León y Asturias mostraron su intención de abstenerse; y Navarra, Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, La Rioja, Cantabria y Melilla se han mostrado a favor.
Según explicó Álvarez el pasado jueves, el texto que se votará esta semana está "en buena medida modificado" tras los meses de negociación que, según ha indicado, se han producido con las CCAA, expertos, usuarios y familias, así como sindicatos, servicios sociales y organizaciones empresariales.
Además, respondió a quienes aseguran que la financiación del Estado no es suficiente para poner en marcha el nuevo modelo de residencias de mayores, que este tema "no es excusa" porque "hay dinero".
Así, recordó que el Gobierno, en los dos últimos años, ha duplicado la cuantía para el sistema de dependencia y ha añadido 5.000 millones de euros adicionales en esta materia para el final de esta legislatura.
Asimismo, apuntó que el Ejecutivo "cuenta con la suficiente evidencia empírica de los expertos" sobre el nuevo modelo de residencias que busca poner en marcha.
El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García, ha explicado que, las experiencias analizadas en otros países, determinan que hay mayores efectos secundarios para los usuarios cuando hay un menor tratamiento especializado y sin unidades de convivencia pequeñas.
"Creo que la evidencia es clara y existe desde hace décadas, no nos estamos inventando nada", ha advertido la experta en atención a personas mayores Mayte Sancho, quien ha recordado que se "hace poco" por que los mayores vivan en entornos domésticos. A su juicio, la instituciones actuales "no son lugar para vivir y morir".
INMOVILISMO DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
En su intervención ante los medios, Álvarez también calificó de "incomprensible" la posición de algunas organizaciones empresariales del sector, a las que también ha acusado de "inmovilismo".
A su juicio, el Gobierno "tiene la obligación de ir más allá de los intereses particulares de algunos grupos empresariales y garantizar los derechos del conjunto de los ciudadanos y, más concretamente, se las personas mayores". "La financiación ya ha ido por delante, ahora toca seguir con ese trabajo y cambiar el modelo", declaró.
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