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MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su rechazo al proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ya que, como denuncia en un comunicado, el Gobierno no tiene intención de negociar el texto y, según entienden, ha excluido las reivindicaciones laborales, económicas y de carrera académica del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades públicas españolas.
Según el sindicato, el texto actual de la LOSU congela las mejoras al sistema retributivo del PDI, carece de propuestas para acabar con la precariedad y mantiene las diferencias salariales entre personal laboral y funcionarios. También lamentan que blinda la tasa de reposición para PAS y PDI, lo que dificultará la renovación y el rejuvenecimiento de las plantillas, por lo que no se logrará alcanzar en cinco años el porcentaje del 20% para funcionarios y temporales.
Asimismo, considera que rompe la igualdad y el marco básico común, ya que cada universidad y cada comunidad autónoma decidirá en temas importantes, como la gobernanza, las acreditaciones o el desarrollo de ciertas figuras profesionales y aseguran que el hecho de que se contemple que un tercio de los miembros del Consejo de Gobierno sea designado por el rector de cada Universidad sea "un déficit democrático".
El sindicato añade que la ley dificultará la renovación de las plantillas, tiende al desmantelamiento de los cuerpos docentes universitarios mientras fomenta la laboralización de las plantillas, y cuestiona que la financiación propuesta no es ambiciosa ni acorde con la media de la UE, cercana al 1,5% del PIB, mientras que en España es del 0,8%. Además, estima que debería existir una asignación presupuestaria concreta para la regeneración de las plantillas.
Por todo ello, CSIF rechaza la actual redacción del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y lamenta que el Gobierno "haya obviado tener en cuenta las justas reivindicaciones del PDI y el PAS, poniendo así en riesgo la regeneración de las plantillas, fomentando las diferencias retributivas entre laborales y funcionarios, y privando a las universidades públicas españolas de la financiación que necesitan para estar en la media de la UE".
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