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MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Expertos de la Universidad Pontifica de Comillas han realizado la guía 'Caminos de Convivencia' en la que muestran las claves para una interación intercultural de la sociedad y, entre sus principales claves para lograrlo, señala la necesidad de que "las políticas de integración dejen de ser políticas para inmigrantes para transformarse o fundirse en una política más generalista".
Según el documento -elaborado con la colaboración de UNIJES y el SJM España-, en la actualidad la sociedad está inmersa en tres procesos que cambian sustancialmente el marco y la forma en que solíamos pensar y diseñar las políticas de integración locales.
Uno, explican los expertos, es el "fuerte proceso de arraigo e integración de la inmigración" en la sociedad, sobre todo en los "barrios populares", que ha convertido a los migrantes en un "componente esencial" del país, dejando atrás esa figura de "población de paso".
También se ha registrado un avance de la "cuestión social" marcada, según los autores del trabajo, por el precariado --crecimiento del empleo precario y reducción de la protección social pública-- y el debilitamiento de las relaciones comunitarias.
Se trata, según apunta el documento, "una cuestión social que afecta a amplios sectores de la sociedad española", pero donde la población migrante "ocupa las peores posiciones socioeconómicas, conformando una precariedad por debajo de la precariedad nativa".
PREJUICIO ÉTNICO
El último lugar, señalan la existencia de "un prejuicio étnico grupal hacia la población de origen inmigrante" que les representa como "diferente", "extraño" e "inferior" y que justifica, según apunta la guía, que los nativos, por el simple hecho de serlo, ocupen una posición de preferencia en los diferentes ámbitos de la sociedad y que esta se sienta amenazada por el arraigo e integración de las personas de origen inmigrante.
"Este prejuicio grupal se ha activado en los barrios populares durante estos años de crisis y precariado, y han crecido aquellos discursos que representan a la inmigración como amenaza socioeconómica y comunitaria", han advertido los expertos.
En este sentido, el estudio apunta a que la población inmigrante en España es el 17% del total y que, en su mayoría, está "profundamente arraigada en la realidad social del país", que "contribuye positivamente al desarrollo demográfico, económico y cultural" del mismo y que ya es "una parte esencial del país" actual y del futuro.
DOS RETOS
Sin embargo, el texto también señala hacia "dos retos" que, a juicio de sus autores, permanecen abiertos: una integración socioeconómica precaria, claramente por debajo de los niveles socioeconómicos medios; y la presencia de un extendido prejuicio étnico hacia los inmigrantes que supone una amenaza para la convivencia común.
Como claves para lograr una auténtica integración de esta población inmigrante, los autores del estudio llaman a que las políticas de integración dejen de ser "políticas para inmigrantes", para transformarse, o fundirse, en una política más generalista cuyos dos ejes centrales sean las medidas de cohesión social, y las intervenciones basadas en la gestión intercultural de la diversidad.
"Las políticas de integración o de gestión de la diversidad deben incorporarse y transversalizarse en las políticas universales de cohesión social, y estas deben crecer y ampliarse, contrarrestando los efectos actuales del precariado en los barrios populares, e incorporando efectivamente a la población de origen inmigrante con sus obstáculos específicos, en sus programas de actuación", han explicado.
A su juicio, sería necesario, por ejemplo, un elemento específico en los proyectos educativos desde una mirada intercultural; diseñar y desarrollar un marco específico de acogida local; el desarrollo de políticas de visibilización, reconocimiento y normalización de las personas de origen inmigrante; o una política de acogida compartida que permita impulsar los procesos de incorporación de refugiados e inmigrantes recién llegados.
En este caso, según apuntan los expertos, los principales actores son las administraciones locales, regionales y nacionales, las asociaciones y en general el tercer sector, los centros educativos, los centros religiosos, las familias y las redes de solidaridad y de autoorganización barrial.
"La amenaza que flota en el ambiente es que, sin este tipo de políticas públicas, en un contexto marcado por el crecimiento del precariado y la desigualdad social, la persistencia del prejuicio étnico y el crecimiento de propuestas políticas nativistas y xenófobas, se podrían producir fácilmente en los próximos años estos dos efectos sociales no deseados", concluye el estudio.
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