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MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo de Filipinas ha declarado inconstitucionales dos partes de la controvertida ley antiterrorista cuestionada como posible instrumento de persecución política contra disidentes y opositores al presidente, Rodrigo Duterte.
El Supremo ha dictaminado en una sesión este jueves que el artículo cuatro y un párrafo de la sección 25 de la mencionada ley son "inconstitucionales", si bien ha aprobado por diez votos a favor y tres en contra dar crédito a la posición del Gobierno y no declarar como tal el resto de la legislación.
En concreto, el artículo cuatro establece que el terrorismo no incluye la promoción, la protesta, la disidencia, la interrupción del trabajo, la acción industrial o de masas y otros ejercicios similares de derechos civiles y políticos. No obstante, hay un matiz que marca que la disidencia no se considera terrorismo, "siempre que no tenga por objeto causar la muerte o un daño físico grave a una persona, poner en peligro la vida de una persona o crear un riesgo grave para la seguridad pública".
Así, el Supremo ha señalado que esta última indicación es inconstitucional por "exagerar y violar la libertad de expresión", informa el Tribunal en un comunicado.
Por otro lado, sobre el artículo 25, que indica que el Consejo Antiterrorista adoptará automáticamente la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de individuos o grupos designados como terroristas, financiadores del terrorismo u organizaciones terroristas, el Supremo ha apuntado a su segundo párrafo.
Este señala que una solicitud de designación por parte de otras jurisdicciones supranacionales puede ser adoptada por el Consejo Antiterrorista filipino tras determinar que el designado propuesto cumple los criterios de designación del Consejo. El Tribunal no ha explicado por qué ha declarado culpable este punto.
Duterte firmó en julio de 2020 la ley antiterrorista cuyos críticos, entre ellos la ONU y la ONG pro Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW), denunciaron como posible instrumento de persecución política contra disidentes y opositores al mandatario, en particular musulmanes filipinos de la región de Mindanao, uno de los focos del conflicto armado en el país.
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