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Los socialistas quieren unificar la elección de los responsables de estos órganos con un concurso público y mayoría reforzada del Congreso
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Calidad Democrática del Congreso ha acordado este miércoles tomar como base para su tarea de hacer propuestas que mejoren la independencia e imparcialidad de los supervisores y reguladores la propuesta presentada por el PSOE y Más País, pero lo ha hecho entre críticas de PP, Vox y Ciudadanos, que han acusado a los socialistas y sus socios de querer aplicar el "rodillo".
El órgano que preside el líder de Más País, Íñigo Errejón, tiene que elaborar un informe con propuestas en esta materia que después será elevado al Pleno de la Cámara. Para ello convocó más de una veintena de comparecencias de expertos que concluyeron antes del verano.
Desde el PP, su portavoz, Jesús Postigo, ha defendido que se tomara como punto de partida el documento elaborado por el letrado de la comisión con las ideas aportadas por cada uno de los comparecientes. Su intención era que se fueran discutiendo, punto por punto, y que cada grupo fuera fijando posiciones al respecto para ir buscando consensos sobre cada una de ellas.
A su juicio, el método finalmente acordado por la comisión no es lo "suficientemente participativo" porque se basa en un texto que no ha sido fruto del debate y es demasiado "concreto y definido".
Esta tesis la han apoyado Eduardo Ruiz Navarro, de Vox, y Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos. El primero se ha quejado por tener que trabajar sobre un texto "enlatado" y "sesgado" y ha puesto en duda la verdadera voluntad del PSOE de buscar consensos.
Lo mismo ha cuestionado el diputado 'naranja', quien cree que el texto ha sido redactado directamente por un ministerio, y considera que el PSOE ha "errado el rumbo". "Hemos hecho perder el tiempo a los comparecientes, esto es un trágala, han perdido el norte de lo que debería ser esta comisión", ha protestado.
HABRÁ ENMIENDAS
La nueva portavoz del PSOE en este órgano, Elvira Ramón, ha recordado que la Mesa de la comisión --con mayoría de socialistas y morados-- ya acordó cuál sería el método de trabajo y, en cualquier caso, ha garantizado que ahora se abre un proceso "participativo" para mejorar el texto base y que hasta su grupo prevé presentar enmiendas para ello.
"Pero hay que ser operativos y el método que plantea el PP retrasaría el proceso", ha explicado, recibiendo el apoyo de Pedro Honrubia de Unidas Podemos, que ha dicho compartir la propuestas de su socio de gobierno, aunque no ha firmado el documento sobre el que discutirán los grupos.
De su lado, María Carvalho, de ERC, ha admitido que la fórmula de trabajo que ha defendido el PP era "mejor" para la elaboración de borrador, pero finalmente ha apoyado el texto del PSOE por considerarlo "un buen punto de partida" para después enmendarlo.
El documento redactado por el PSOE y Más País,al que ha tenido acceso Europa Press, apuesta por unificar el método de selección de los máximos responsable de las denominadas 'administraciones independientes' como el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Consejo de Transparencia o la Agencia de Protección de Datos.
En concreto, abogan elegirlos mediante un procedimiento idéntico que arrancaría con la publicación de una convocatoria pública por parte del Gobierno. Los firmantes del documento quieren que siga siendo el Ejecutivo quien proponga a los candidatos a las Cortes, pero reforzando el papel de las Cámaras tanto en la elección de los máximos responsables como en su control posterior.
MAYOR CONTROL DEL CONGRESO
En este contexto, plantean crear un órgano similar a la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, pero "reforzada". "Tendría, precisamente por estar focalizada en esta función, más posibilidades de realizar 'hearings' (comparecencias) más parecidos a los que se desarrollan en otros sistemas democráticos, como Estados Unidos, donde se produce una seria y exhaustiva investigación sobre el perfil profesional de las personas propuestas, lo que redundaría en una clara mejora del sistema de selección", reza el documento.
Además, defienden que para aprobar el informe de idoneidad se "exija mayoría cualificada" y que éste no pueda salir adelante "en ningún caso" con "el voto afirmativo de un único grupo parlamentario".
Esta Comisión de Nombramientos debería tener entre sus tareas controlar a los órganos reguladores y autoridades independientes con más intensidad que en la actualidad, aumentando el régimen de comparecencias, que ahora generalmente está fijado en una al año, y haciéndolas más dinámicas para facilitar la obtención de respuestas, siguiendo el modelo anglosajón.
También correspondería a esta comisión la elaboración de códigos éticos que obliguen a sus máximos responsables e incluyan un régimen de infracciones y sanciones si se incumple, así como la función de actuar para detectar posibles incompatibilidades.
MANDATOS DE SEIS AÑOS
Asimismo, abogan por homogeneizar la normativa sobre la duración de mandatos en todas estas entidades, de manera que no coincidan con las legislaturas para reforzar así la independencia de sus responsable. En concreto, sugieren mandatos de seis años, una cifra que sobrepasa la legislatura política y que permite "trazar objetivo a medio plazo" logrando una gestión "más eficaz".
Estas formaciones también sugieren la conveniencia de dotar suficientemente en los Presupuestos a estas entidades, así como la posibilidad de ampliar su autonomía financiera, de manera que, aunque sigan dependiendo de las cuentas públicas, puedan decidir pequeñas modificaciones presupuestarias sin tener que consultar todo con Hacienda.
Respecto a los salarios, piden evitar discriminaciones entre el personal de las administraciones independientes y el de la Administración General del Estado y entre las propias autoridades entre sí, y abogan por que el grueso de su personal sean funcionarios y las plantillas estén bien dotadas.
Sobre el control judicial, estos partidos consideran "ineludible" que todos los acuerdos adoptados por las administraciones independientes puedan ser revisados por la jurisdicción contencioso-administrativa igual que ocurre con las de la Administración General del Estado, y que algunos de ellos dejen de ser "recurribles en vía administrativa ante el ministerio del que dependan".
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