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MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para posibilitar a la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género la contratación anticipada del servicio de "asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica", un nuevo contrato en el que se adopten medidas como ampliar de 35 a 84 horas semanales la atención telefónica para víctimas de discriminación racial.
Con motivo de la finalización el próximo 25 de marzo de 2022 del contrato actualmente en vigor, es necesaria la tramitación de un contrato nuevo, imprescindible para el adecuado cumplimiento de las competencias atribuidas a la citada Secretaría de Estado, a través de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial.
Su finalidad es llegar a todas las víctimas de la discriminación racial que en la actualidad, según precisa el Gobierno, no se están cubriendo debido al elevado porcentaje de "infradenuncia", lo que se intenta reducir mediante la tramitación del nuevo contrato, en el que se contempla tomar medidas en diferentes ámbitos.
Algunas de estas medidas son aumentar la atención telefónica de las actuales 35 horas semanales a 12 horas diarias durante los 365 días del año, así como la atención presencial a través de oficinas físicas, incrementando el horario a un mínimo de 37,5 horas a la semana, frente al contrato actual que solamente exige una atención presencial de 12 horas a la semana.
Asimismo, quieren que la asistencia se ofrezca por parte de dos licenciados en Derecho debido a la complejidad jurídica de la legislación en esta materia y la necesidad de dar asesoramiento jurídico a las víctimas de la discriminación racial.
Según precisan, la dotación inicial en el presupuesto para el año 2021 asciende a un millón de euros y a lo largo del ejercicio han surgido nuevas necesidades de gasto superiores a los compromisos a adquirir este año para 2022, 2023 y 2024 que han superado los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria en 818.951,43 euros, 2.456.854,29 euros y 655.161,14 euros, respectivamente, por lo que requiere la aprobación del Consejo de Ministros, según se establece en la citada Ley.
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