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MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha publicado un documento de consenso de la especialidad para mejorar la detección y atención de las mujeres víctimas de violencia de género desde las consultas de obstetricia y ginecología.
Se trata de un consenso que parte de la consideración de que las consultas de obstetricia y ginecología pueden jugar un papel destacado en la detección de la violencia de género, por el carácter íntimo de este tipo de consultas, en las que se abordan aspectos como la sexualidad o la planificación familiar.
Además, la violencia de género es un problema infradiagnosticado en el ámbito sanitario, donde solo se detecta el 5 por ciento de los casos, por lo que el objetivo de este consenso es reforzar la contribución de la especialidad a la detección temprana desde el sistema sanitario.
Para ello, el documento publicado por la SEGO enumera los factores de riesgo de la violencia de género, subrayando que, en los colectivos más vulnerables, un porcentaje importante de los malos tratos por parte de la pareja se inician con el embarazo, incluida la violencia física y sexual.
Por eso, las consultas de embarazo y puerperio representan oportunidades para la detección de la violencia de género. Entre los signos y síntomas de sospecha que deben alertar al especialista, uno de ellos es precisamente la ausencia de control de la fecundidad, debido a la negativa o al sabotaje del maltratador, que suele ir asociada a un aumento de embarazos no deseados e interrupciones de embarazo de repetición.
Asimismo, el rechazo al uso del preservativo aumenta las probabilidades de infección de transmisión sexual, a veces incluso de forma intencionada. Las alteraciones sexuales y las complicaciones del embarazo, a veces, también pueden esconder un caso de violencia doméstica.
RECOMENDACIONES PRÁCTICAS A LOS ESPECIALISTAS
El documento, que aboga por el cribado universal de la violencia de género en todas las consultas de obstetricia y ginecología, contiene recomendaciones prácticas a los especialistas sobre lo que debe hacerse y lo que no en la consulta para que la mujer en situación de maltrato sea capaz de confiar en el profesional.
Así, por ejemplo, aconseja estar pendiente de la actitud de la mujer y de la pareja. Mostrarse temerosa, evasiva o nerviosa, alterándose con facilidad (por ejemplo, al abrirse la puerta), o buscar constantemente la aprobación del marido, puede resultar un indicio. En relación con la actitud de la pareja, también puede serlo el hecho de que se muestre muy controlador, que dificulte la posibilidad de hablar a solas con la mujer o que se muestre por el contrario despreocupado y despectivo.
Pero para la detección de un caso de violencia doméstica, lo "fundamental es preguntar y hacerlo sin miedo", porque "contrariamente a la creencia popular, la mayoría de las mujeres están dispuestas a revelar el maltrato cuando se les pregunta en forma directa y no valorativa, y muchas están esperando silenciosamente que alguien les pregunte", se recoge en el escrito.
Una vez detectado un posible caso de violencia de género, es fundamental, dice el consenso de SEGO, asegurar un tiempo y espacio que garantice la confidencialidad, evitando las interrupciones, así como garantizar que en ningún momento la pareja sepa que la mujer ha revelado su situación.
En su consenso, SEGO recuerda a todos sus profesionales que el personal sanitario tiene la obligación legal de comunicar el maltrato a las autoridades judiciales mediante el parte de lesiones e informe médico, el cual es fundamental para poner en marcha las medidas legales dirigidas a la protección de la mujer y es además, a veces, el único instrumento con el que cuentan los juzgados, la única prueba de un posible delito.
"Por ello, debe tomarse el tiempo necesario para su cumplimiento, describiendo exhaustivamente todas las lesiones, y, si es necesario, con la autorización de la mujer, realizando fotografías para que quede constancia de ellas", expresan estos profesionales en el documento.
El consenso también recoge que una de las situaciones de mayor dificultad ocurre cuando las mujeres manifiestan el deseo de no denunciar, pues esa situación coloca a los profesionales ante la disyuntiva de cumplir con el deber de comunicar un delito a expensas de quebrar el respeto a la autonomía de las mujeres, así como su derecho a la confidencialidad.
No obstante, a este respecto, subraya que la salvaguarda de la confidencialidad no es una obligación absoluta, por lo que "debe revelarse el secreto médico ante la sospecha de un delito, poniéndolo inmediatamente en conocimiento de la justicia". Finalmente, el consenso recomienda la comunicación a la Fiscalía como "un recurso útil en aquellos casos en los que el personal sanitario tenga sospechas de un caso de violencia de género, pero no certeza suficiente como para emitir un parte de lesiones".
INCREMENTO DE LA VIOLENCIA SEXUAL PRECEDIDA DE SUMISIÓN QUÍMICA
El consenso de la SEGO también detalla cómo debe ser la atención en urgencias a la mujer víctima de una agresión sexual, estableciendo pautas para la actuación profesional del ginecólogo y advirtiendo a los especialistas del incremento de la violencia sexual precedida de sumisión o vulnerabilidad química y cómo detectarla.
Este tipo de casos de sumisión química (definidos como la administración de sustancias psicoactivas con fines delictivos o criminales, principalmente de tipo sexual) viene creciendo en los últimos años de forma preocupante, estimándose que representan hasta el 30 por ciento de las agresiones sexuales, si bien apenas se denuncia un 20 por ciento de ellos.
"Se debe sospechar en víctimas que recuerden encontrarse en un lugar público tras lo cual presentan amnesia de varias horas de duración. Frecuentemente relatan algún hecho extraño como haber aparecido desnudas, con ropa desarreglada, en un lugar o con alguna/s persona/s desconocida/s, con fluidos por el cuerpo y objetos inexplicados o con lesiones orales, anales o genitales que no recuerdan presentar previamente", describe el documento, que establece las obligaciones y recomendaciones que deben presidir la actuación profesional del ginecólogo en la atención de urgencia a las víctimas y en la fase poscrítica.
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