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MADRID, 19 (OTR/PRESS) Las hipotecas de Pedro Sánchez con Podemos y los partidos separatistas siguen marcando la agenda política española. Sus votos son imprescindibles para compensar la precariedad parlamentaria del Gobierno de coalición. Por eso, cuando Gabriel Rufián (ERC), en tono sobrado, reclama derogar la Ley de Amnistía de 1977 -olvidando que fue aprobada en el Congreso de los Diputados por una mayoría abrumadora: 296 votos a favor y sólo dos en contra-, en La Moncloa agachan la cabeza en vez de recordar que dicha ley fue uno de los dos pilares sobre los que se asentó la Transición. El otro es la Constitución.
Aquella ley abrió las puertas a la reconciliación de las 'dos Españas'. Sólo ETA, organización terrorista de extrema izquierda, siguió matando a pesar de que muchos de sus miembros que cumplían condenas por sus crímenes fueron puestos en libertad. Que ahora desde el Gobierno se impulse una reinterpretación de la citada ley solo puede deberse a esa servidumbre política que convierte a Sánchez en permanente rehén de los partidos cuyos dirigentes le emplazan a impulsar las cuestiones que más pueden desacreditarle.
Si antes fueron los indultos a los condenados por sedición y después el acercamiento de los presos etarras a las cárceles de País Vasco, ahora es una revisión de un proceso histórico cerrado hace más de cuarenta años. Un proceso en el que el PSOE tuvo una participación muy destacada junto a los dirigentes del PCE de entonces.
Si Sánchez no es consciente de que con ésta y otras iniciativas sus socios están intentando dinamitar la obra política de la Transición resucitando la confrontación entre las "dos Españas", es que su obsesión por mantenerse en el poder le ciega hasta el punto de no ver hacia dónde nos puede conducir semejante despropósito.
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