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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido una revisión "crítica" del impacto de las sanciones "unilaterales y coercitivas" impuestas por los gobiernos, las cuales crean "sufrimiento severo e indebido para personas inocentes que no son responsables de una supuesta mala conducta".
En una declaración en el marco de la mesa redonda 'Sanciones unilaterales: jurisdicción y extraterritorialidad', en el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet ha considerado que si bien hay lugar para sanciones contra las personas que perpetran abusos, cuando se apunta a "todo un país" o "sectores económicos enteros", son las personas "más vulnerables" las "perjudicadas".
"Las sanciones pueden crear un sufrimiento severo e indebido para las personas que no han cometido delitos ni son responsables de una conducta indebida (...) Y aquellos a que pretenden atacar, de hecho, pueden beneficiarse perversamente a través de regímenes de sanciones y aprovecharse de las distorsiones económicas y los incentivos introducidos que introducen", ha advertido.
Debido a una gran cantidad de precauciones institucionales, las restricciones punitivas sobre los bancos y las instituciones financieras, incluidas las establecidas en terceros países, conducen habitualmente a un "exceso de cumplimiento", lo que, según Bachelet, puede dificultar la importación de productos alimenticios básicos, equipos sanitarios y otras formas de asistencia humanitaria.
"Hace tiempo que está claro que los obstáculos a la importación de suministros médicos vitales en los países crean un daño duradero a las comunidades vulnerables", ha continuado, para resaltar que la gente de los países afectados "no es responsable de las políticas objeto de sanciones"..
Para evitar los impactos adversos mencionados, Bachelet ha demandados a los países sancionadores que "reevalúen y evalúen críticamente" su uso de medidas coercitivas unilaterales, al tiempo que ha llamado a las autoridades de naciones sujetas a sanciones a "brindar información transparente, aceptar ofertas de asistencia humanitaria necesaria y priorizar las necesidades y derechos de las personas vulnerables".
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