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MADRID, 6 (OTR/PRESS) Los jueces y sus órganos de gobierno han de ser independientes del poder político, pero en ningún caso del que éste emana, el del pueblo, si es que rige aún el precepto constitucional que reconoce y consagra su soberanía sobre todos los demás poderes. Lamentablemente, aunque todavía se conserve sobre el papel tan esencial precepto democrático, en la práctica se conserva poco y mal, pues entre el pueblo y las instituciones, entre el pueblo y los poderes, hay una porción de intermediarios en los que se observa una rara inclinación a distorsionar la voluntad popular en beneficio de mezquinos intereses sectarios.
O dicho de otro modo: si el pueblo español resigna directamente en los partidos políticos su plural representación, y estos la desarrollan en el Congreso de los Diputados, bien elaborando leyes, debatiendo cuanto afecta y concierne a la vida de la nación o controlando la acción del Ejecutivo, es natural que de la Cámara salgan los acuerdos para la elección de los órganos del poder judicial, pero lo que no es natural es que no salgan, que no salgan ni a tiros, lo que, además de lastrar el funcionamiento de la Justicia que los ciudadanos requieren activa, diligente y neutral, desvela el pobre desempeño de los servidores públicos y su incapacidad para lo que han sido contratados, básicamente para resolver problemas y no para crearlos.
Mil días, casi tres años, lleva caducado, sin renovar, el Consejo General del Poder Judicial, y si bien aparece diáfano el autor de semejante boicot, el Partido Popular, que no hace nada para disimularlo, también parece evidente que nuestro ordenamiento constitucional carece de los mecanismos necesarios para evitar que cualquier pueda sabotear la renovación de un órgano tan importante porque le de la gana. Bueno, lo que le da al PP en este caso no es exactamente la gana, sino el temor a perder su vieja mayoría conservadora en el CGPJ una vez se adaptara su composición a la nueva mayoría que, representando la voluntad popular expresada en las urnas, ocupa el Congreso.
Pero, por mucho más que el PP porfíe en bloquear una nueva cúpula judicial, acabará deponiendo su actitud trabucaire antes o después, y ante esa contingencia el partido de Casado ha echado a rodar la idea de que los jueces elijan a los jueces, suprimiendo así alegremente, de un plumazo, el principio intocable de la soberanía popular. Lo hace para seguir apalancándose la influencia, llamémosla así, sobre la Justicia, pues supone, acaso acertadamente, que hay más jueces conservadores que progresistas, pero habrá que confiar en que ni éstos ni aquellos estén por la labor de traspasar ese límite arreándole semejante patada a la Constitución.
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