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MADRID, 28 (EUROPA PRESS) En vísperas del encuentro Sánchez-Aragonés, citados para este martes 29 en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno deja claro que el líder de ERC, Oriol Junqueras, no estará en la futura "mesa de diálogo" porque no forma parte del Govern; que la autodeterminación no cabe en los vigentes marcos legales, y que el independentismo debe hablar con la parte de Cataluña que no comulga con las ideas secesionistas.
Es muy oportuna esta dosis de recuerdo sobre la imposibilidad de encajar la amnistía y la autodeterminación en el proceso de diálogo con la Generalitat que arranca en Moncloa. Ninguna de esas dos reivindicaciones se ha caído del discurso de Aragonés. A pesar de lo cual, Sánchez ha dicho en la radio que, gracias a la concordia y a la "utilidad del perdón", "estamos a punto de recuperar la normalidad institucional".
Es la parte convexa de la situación tras la concesión de los indultos a los nueve condenados del "procés" que seguían en prisión hasta la semana pasada. Pero en la parte cóncava del problema, planea la sombra negra de un nuevo fracaso respecto a la voluntad desinflamatoria del conflicto, pues una de las partes no corresponde a los gestos de la otra.
Además, también galopa el caballo de la duda sobre las verdaderas motivaciones del Gobierno: ¿es generosidad en nombre de la concordia o es cálculo inspirado en la conservación del poder a toda costa? La respuesta marca la brecha abierta a escala nacional entre el partido que gobierna (PSOE), con sus escoltas de la izquierda y el nacionalismo periférico, por un lado, y el partido que aspira a gobernar (PP), escoltado en estos momentos por Ciudadanos y Vox.
Millones de españoles se polarizan al elegir bando. Y aunque Sánchez sostiene que "el conjunto de la ciudadanía entiende que el mensaje de los indultos ayuda a superar la crisis", el pueblo soberano no tiene nada claro cuál es el lado bueno del drama. Y si se remite a los antecedentes, cuando Sánchez renegaba de los indultos a los políticos y defendía el cumplimiento íntegro de las penas, cuestiona la credibilidad del presidente cuando ahora dice que hubiera tomado estas medidas de gracia al margen de que hubiera necesitado o no los votos de ERC en el Congreso.
Capítulo aparte merece la derivada judicial del problema, que pende ahora de lo que pueda decidir el Tribunal Supremo ante los recursos tramitados por la vía de lo contencioso-administrativo que reclaman la anulación de los indultos. Eso solo podría ocurrir en el caso de que el alto tribunal, en el marco del control judicial a las decisiones del Ejecutivo, entendiera que se ha cometido una arbitrariedad (por incumplimiento de formalidades o falta de motivación). Siempre sin cuestionar la inatacable prerrogativa del Gobierno en la concesión de medidas de gracia.
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