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MADRID, 31 (OTR/PRESS) Sobre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y sobre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, gravitan dos emplazamientos, dentro de dos años, que pueden marcar sus respectivas carreras políticas. Aquel ha de superar una cuestión de confianza en el Parlament respecto a los deberes que le ha puesto la CUP en el avance hacia la amnistía y la autodeterminación. Y este, tiene una cita con las urnas en las elecciones generales que han de celebrarse más o menos por las mismas fechas de 2023, si es que antes Sánchez no ha caído en el 40 congreso federal del PSOE, previsto para el próximo octubre, ya que el antisanchismo empieza a salir del armario y la ocasión podría ser propicia.
Mientras tanto, es evidente que la apuesta de uno por el "reencuentro" y del otro por el "referéndum pactado", ambos en nombre del "diálogo", crea un espacio de coincidencia en la mutua necesidad de entenderse. Por ahí va el propósito de conceder el indulto a los doce condenados del "proces", según anuncia el Gobierno por razones de "utilidad pública".
No es lo que reclama el independentismo, que exige la amnistía, pero el presidente de la Generalitat reconoce en esa iniciativa un paso positivo que aliviará el sufrimiento de los presos. El problema es que Sánchez tiene en contra al tribunal sentenciador, a la fiscalía, al principal partido de la oposición y a la mayoría de los votantes socialistas.
Aragonés, por su parte, en vez de echar una mano, recuerda que con indulto o sin indulto, el independentismo seguiría avanzando "si el Estado español se levanta de la mesa", lo cual no ayuda mucho a que el "liderazgo valiente" de Sánchez se reconozca en un futuro de concordia y pacificación de la política catalana y, en consecuencia, la nacional.
Véase lo cuesta arriba que a Moncloa se le va a hacer eso de reactivar el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Tampoco en el bando de enfrente reina precisamente la unanimidad respecto a la conveniencia de rebajar la tensión, toda vez que una parte de JxCat, la más afín al fugado expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ve con buenos ojos el indulto, por miedo a la desactivación de la fuerza simbólica del "exilio" y los "presos políticos". Sería el fin de los lazos amarillos, que durante estos últimos años han representado la protesta contra los encarcelamientos derivados de la intentona golpista de octubre de 2017.
Lo dicho. De aquí a dos años Sánchez y Aragonés intentarán sintonizar políticamente en beneficio mutuo. Sánchez quiere ser el pacificador sin permitir que se rompa el vigente orden constitucional. Y Aragonés quiere culminar la independencia de Cataluña. Lo demás es hoy por hoy malestar y riesgo de fractura interna, tanto en el bando independentista como en el de los partidos comprometidos con la Constitución que aquellos se proponen desafiar de nuevo. Insisto, con indultos o sin indultos.
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