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MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a retirar la "modificación unilateral" a las reglas del trasvase Tajo-Segura, al menos hasta que no estén aprobados y actualizados los nuevos planes hidrológicos de cuenca.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el grupo parlamentario quiere su debate en la Comisión para la Transición Ecológica de la Cámara Baja.
En ella, plantea también convocar una Mesa del Agua con todas las comunidades afectadas y usuarios para plantear los distintos escenarios que contemplan los estudios hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y "abordar soluciones desde el diálogo y el consenso".
En tercer lugar, el PP pide alcanzar un Pacto Nacional del Agua "siguiendo los trabajos desarrollados por la anterior administración", con la participación de todos los sectores afectados y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
El PP justifica su propuesta en que disponer de una política de agua "seria y solvente" es clave para satisfacer las demandas y favorecer el desarrollo socioeconómico de "todo" el territorio nacional, más aún con el contexto actual de adaptación al cambio climático.
Además, el grupo parlamentario saca pecho del "importante trabajo" del anterior Gobierno popular para poner al día la planificación, cumplir con los compromisos de la UE y con un calendario ambicioso de infraestructuras hidráulicas. Enumera las acciones realizadas en aquella etapa, como la aprobación de todos los planes de cuenca de las demarcaciones hidrográficas con competencia estatal o los planes de riesgo de inundación.
"Detrás de este trabajo está la profesionalidad de una administración muy competente y el compromiso de un partido con la vertebración del territorio, la cohesión nacional, la defensa del crecimiento y la competitividad y la lucha contra el cambio climático", defiende.
En este contexto, reclama un Pacto Nacional del Agua que defina una auténtica política de Estado, "integradora, consensuada, solidaria y al margen de rivalidades políticas, que debe tener garantía de continuidad a largo plazo".
Por tanto, considera que ese pacto debe asegurar el equilibrio de satisfacción de las demandas en "todo" el territorio nacional y la protección medioambiental del medio hídrico que reclama "Europa y la sociedad española".
En su propuesta para "inspirar toda la política del agua" en España, estima necesario revisar el actual plan hidrológico nacional y la actualización de los planes hidrológicos de cuenca y los planes de riesgo de inundación.
Precisamente, reconoce que los dos asuntos "más complejos" de este pacto y que "sí podrían requerir una modificación de la legislación en vigor" serían los acuerdos referidos a la definición de nuevas transferencias o la modificación de lo existentes --que es posible abordar con la actualización de la Ley del Plan Hidrológico Nacional-- o la "creación de nuevos tributos ambientales" en el sector del agua que exigirían "necesariamente" una modificación parcial de la actual Ley de Aguas.
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