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MADRID, 27 (OTR/PRESS) El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros el Plan de Reconstrucción para acceder a los fondos europeos. La idea es enviarlo a Bruselas en unos días y resulta chocante que lo vaya a hacer sin consensuarlo con los partidos políticos, los representantes de los ciudadanos, ni con los sindicatos, ni la patronal.
En una de las últimas presentaciones, hasta nueve ha tenido, dijo el presidente Sánchez que el plan aprobado es muy ambicioso y logrará modernizar España y que por ello era un "plan de país", cuando más bien parece un plan al estilo "Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como". El plan, además, adolece de falta de concreción, no incorpora reformas estructurales, como la laboral y de pensiones, y resulta demasiado voluntarioso en sus efectos sobre el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo.
Baste un ejemplo como botón de muestra del desconcierto que ha creado en algunos sectores de la economía, en uno, por cierto, tan importante como el turismo. El plan dota a este sector de poco más de 3.000 millones, cuando el sector más dañado por la pandemia ha dejado atrás miles de empresas y puestos de trabajo, reclama otros 5.000 millones como mínimo.
Y si hablamos de reformas ocurre algo parecido. Para hablar de la reforma del mercado de trabajo, a ministra Díaz ha convocado a los agentes sociales para el 6 de mayo, cuando el plan ya esté enviado a Bruselas. Parece, cuando menos, una broma de mal gusto sabiendo que España tiene la tasa más alta de paro de juvenil de la eurozona y la tasa de paro general dobla la media.
En cuanto a la reforma del Sistema Público de Pensiones seguimos a estas alturas sin conocer medidas que duren más allá de 24 horas. El ministro Escrivá se prodiga mucho, tanto como cambia de versión sobre sus intenciones. Parece que también se enviará a Bruselas sin consenso y sin medidas de ajuste que se propongan reducir el abultado déficit que arrastra y piensen en su sostenibilidad a largo y medio plazo. Todo apunta a que el grueso de la reforma se deja para 2027, otra patada hacia adelante al problema más acuciante de las finanzas públicas y que tiene en vilo a millones de españoles. Vamos a ver si en Bruselas aceptan el plan de Sánchez como a Italia nos lo devuelven con tarjeta roja.
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