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MADRID, 10 (OTR/PRESS) Me lo enseñó hace muchos años el desaparecido Antonio Beristain, catedrático de Derecho Penal y director del Instituto Vasco de Criminología: "en la duda, por las víctimas". Víctimas a las que se les está negando estos días, su dignidad, su estatus social, sus roles políticos y su protagonismo. Víctimas que no han tenido reparación moral ni material. Víctimas que, en algunos casos, todavía no han visto descubiertos y juzgados a sus asesinos. Víctimas que nunca han sido -desde luego no lo son ahora- el eje protagonista ni el sujeto central, cuando por el contrario parece que lo son, y lo van a ser aún más, los asesinos, los victimarios. Víctimas que no tuvieron derecho en muchos casos a un funeral o a un recuerdo. Como decía Beristain, "los delitos y los pecados de omisión no son menos graves que los de acción".
Con cierto silencio o con escasa publicidad, estamos asistiendo a hechos trascendentes que permiten hablar de un blanqueamiento de ETA y de sus herederos, EH Bildu, por parte del Gobierno de España. Estos son los hechos: el pacto del PSOE y Podemos en el Congreso con Bildu para salvar "las gobernabilidad"; el pacto de Gobierno en Navarra entre socialistas y BIldu; el posicionamiento reiterado del vicepresidente Iglesias colocando a Bildu en "la dirección estratégica del Estado" y calificando a Otegui de "hombre de paz"; el apoyo a una proposición de Bildu para ir imponer "las lenguas propias" y la exclusión del castellano como lengua oficial en el País Vasco, de la misma manera que ha sido relegado ya en Cataluña; el acercamiento de más de doscientos presos de ETA -entre ellos el asesino de Gregorio Ordóñez contra el criterio técnico de su prisión- a cárceles del País Vasco por decisión del ministro Marlaska; la inminente cesión de competencias sobre prisiones al Gobierno Vasco -también la gestión del Ingreso Mínimo Vital-; la tolerancia ante los homenajes a etarras en muchos pueblos y ciudades mientras se tramita en el Congreso la desaparición del delito de exaltación del terrorismo que permitirá la impunidad de las ofensas a las víctimas.
Incluso esa absoluta operación de marketing que ha sido la destrucción de armas de ETA. La cesión permanente para poder seguir en el poder al precio que sea. La ética del interés partidista o personal frente a la ética de la convicción. Sobran las palabras. Cuentan los hechos.
Es complicado admitir que un Gobierno que reivindica la recuperación de la memoria histórica de las víctimas de la guerra civil esté luchando, al mismo tiempo, para borrar la historia de las víctimas de ETA pactando con los herederos de sus asesinos. Decía hace algún tiempo Amelia Valcárcel, con razón, que "no se puede pedir a la gente que perdone y olvide si tiene a sus parientes en una cuneta". Este Gobierno ha hecho un cordón sanitario contra quien dice que son los herederos de Franco y ahora lo está haciendo también frente a las víctimas de ETA, que ven cómo los asesinos son premiados y cómo no se hace nada para investigar los asesinatos que aun siguen "sin autor conocido".
Los alcaldes abertzales se niegan a quitar murales y pintadas que ensalzan a los terroristas y promueven el odio, mientras los familiares de las víctimas tienen que seguir escondiéndose. Quieren que el olvido borre a las víctimas de ETA y a sus familias del mismo modo que quieren borrar la presencia del Estado en su comunidad. Y todo ello con la complicidad o el impulso del Gobierno de Pedro Sánchez. Hace muchos años, Martin Luther King dijo que "cuando reflexionemos sobre nuestro siglo XX, no nos parecerán lo más grave las fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas". El Estado puede tener piedad, pero jamás puede olvidar a las víctimas ni ponerlas bajo la bota de los apóstoles del odio.
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