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Solucionar la irregularidad sobrevenida o tratar el paso a la vida adulta de los menores migrantes, son algunas de sus reclamaciones
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Cáritas ha reclamado este martes en el Senado una serie de reformas legales "urgentes" en materia de extranjería con el objetivo de atajar los problemas de integración social que, a su juicio, sufren los migrantes que residen en España.
Así lo ha señalado su responsable de la Red Jurídica de Migrantes, María Segurado, ante la ponencia para abordar el fenómeno migratorio de manera integral de la Cámara alta.
En su intervención, la compareciente ha destacado las "cinco prioridades" de Cáritas en este tema y que se centran en solucionar la irregularidad sobrevenida; abordar la transición a la vida adulta de los menores no acompañados; afrontar la situación de los "inexpulsables" y darles una solución acorde con el derecho europeo; establecer pasarelas entre protección internacional y extranjería; y buscar soluciones concretas para situaciones de determinados colectivos ante la situación de pandemia.
Segurado ha explicado a los senadores que la entidad a la que pertenece ha hecho un trabajo de acompañamiento a más 750.000 personas no españolas sólo en el último año, de las cuales, 50.000 han sido ciudadanos comunitarios y 700.000 de terceros países.
También ha señalado que, de estas 750.000 personas no españolas, 400.00 tenían algún tipo de autorización y 350.000 se encontraban en situación administrativa irregular y que 150.000 de estas últimas, no disponían de ningún tipo de documentación identificativa.
ACCESO AL EMPADRONAMIENTO
Ante este escenario, Cáritas propone buscar soluciones legislativas que aborden la realidad de las personas extranjeras "evitando la pérdida de derechos", así como poner en marcha "medidas concretas que hagan frente a la situación provocada por la emergencia sanitaria", con todas sus consecuencias laborales o económicas, entre otras.
Así, llama a impulsar un acceso al empadronamiento para los migrantes que vivan en territorio español y permitir, a través del padrón, contabilizar los habitantes de una determinada población para el ajuste de políticas y presupuestos. "Actualmente está dejando de contabilizar un número creciente de personas con lo que conlleva a efectos de políticas públicas, pero también con consecuencia directa en escolarización de menores o salud", advierte la entidad.
En este sentido, llama a evitar la irregularidad sobrevenida provocada por la excesiva rigidez de la legislación de extranjería en lo relativo a la prórroga y la renovación de autorizaciones y quiere que se favorezca las vías de entrada regulares.
"La legislación española prevé supuestos excepcionales de residencia que deben ser revisados para que sean efectivos y para que se ajusten a la realidad social. Estos mecanismos especiales son fundamentales, pero sólo son útiles si responden a la realidad de cada momento", señala Cáritas.
PARTICIPACIÓN DE LAS ONG
Abordar el desarrollo del artículo de la Ley Orgánica de Extranjería que establece el derecho a las prestaciones sociales básicas; establecer puentes para que solicitantes que trabajan no caigan en la irregularidad; o plantear un régimen claro, flexible y accesible para los familiares no comunitarios de los ciudadanos españoles, son otras de las propuestas que la compareciente ha trasladado a los senadores.
Además, Cáritas ha reclamado, ante el anuncio reiterado de que se está trabajando una reforma del Reglamento de Extranjería, la necesidad de disponer de un borrador sobre el que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer aportaciones para dotarlo de soluciones estructurales que nazcan de la experiencia adquirida.
Durante su intervención en el Senado, Segurado se ha referido también a la situación actual de pandemia que vive en país. En este sentido Cáritas ha indicado que, transcurrida la prórroga establecida para la renovación de documentación, está preocupada por "el atasco que sigue existiendo actualmente en la Administración" y que llama a solucionar.
Del mismo modo, reclama medidas especiales de protección que permitan el acceso a residencia y trabajo tanto a determinados sectores de actividad especialmente visibilizados durante la pandemia --del ámbito de los cuidados y del empleo agrario-- como a aquellas que, por razones muchas veces ajenas a su voluntad, han tenido opción a residencia y la han perdido o no la han podido renovar.
Y, finalmente, Segurado se ha referido a la necesidad de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional de tal forma que los rechazos en frontera en Ceuta y Melilla cumplan las condiciones fijadas por ese tribunal.
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