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MADRID, 18 (OTR/PRESS) El Gobierno encarga a la Abogacía del Estado la presentación de un recurso contra la Junta de Castilla y León por adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde, cuando el vigente decreto del estado de alarma no permite que pueda hacerse antes de las diez de la noche. O sea, por dos horas de diferencia.
Y sobre esas dos horas de diferencia la clase política se pone estupenda al calor del principio de legalidad o el derecho a moverse libremente. Una prueba más del abaratamiento de una clase política incapaz de entenderse en una cuestión que afecta, antes que nada, a la salud de los españoles.
Los leguleyos frenan la reacción ante el alarmante crecimiento de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos. Si nos enfrentamos a una realidad tan cambiante como la de esta insidiosa pandemia no es de recibo que la clase política se enrede en los componentes legales del caso. Es decir, en la letra de la norma (vigente hasta mayo) que, efectivamente, permite un margen de una hora, arriba o abajo, en su capacidad de modificar la horquilla del toque de queda (de las 23.00 h a las 06,00 h).
Vale. Es la letra del decreto. El espíritu apunta a la delegación de medidas. Las que el poder central deja en manos de las CC. AA. en la clave descentralizadora que contempla la Constitución e incluso el propio decreto sobre estado de alarma. Por supuesto, sin ánimo de consentir una violación del fundamental derecho del ciudadano a la movilidad ¿Por qué se viola ese derecho, según Moncloa, fijando el toque de queda en las ocho de la tarde y no en las diez de la noche? Tan confinamiento es lo uno como lo otro ¿Y no es descentralizar las decisiones, como predica el Gobierno, decidir en función de cada realidad territorial?
Lo penoso es que los gobernantes, el central y el territorial, sean incapaces de entenderse en causa tan de común interés como es la salud de los ciudadanos. Y en este punto es donde la convivencia se envenena con las documentadas sospechas de que andan por medio los intereses de partido, puesto que a situaciones iguales se toman decisiones desiguales, según el signo político del gobernante.
A la vista de los antecedentes, está perfectamente justificada la sospecha de que de que, por no cargar con la contradicción (como si la contradicción no fuera el estado natural de la clase política española) el Gobierno no quiere ser restrictivo en Castilla y León (por eso recurre la restrictiva decisión de esta Comunidad) un minuto después de haber sido expansivo en Cataluña para redondear la faena del candidato Illa en las urnas del 14 de febrero, que ahora han quedado aplazadas para el 30 de mayo.
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