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Dos de los consejeros votan en contra y se aprueba con el voto de calidad del presidente
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
El pleno del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprobado un informe previo sobre el proyecto de decreto ley de la Generalitat que modifica la ley de la comunicación audiovisual de Catalunya para adaptarse a la directiva europea, que "todavía no ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español".
En un comunicado, el CAC ha explicado que se aprobó el acuerdo por dos votos a favor y dos en contra, con voto de calidad del presidente, Roger Loppacher, y la presentación de dos votos particulares.
El informe previo se ha realizado tras la petición de la Generalitat sobre la adecuación de las medidas propuestas a los fines que se persiguen en el "proyecto normativo extraordinario y urgente", y de acuerdo a la ley del CAC que señala que las normas relativas al sector audiovisual necesitan de informe previo del organismo regulador.
El CAC señala que en el preámbulo del proyecto de decreto ley se manifiesta la necesidad "inusual e imprevisible" que requiere el desarrollo normativo a partir de la normativa europea, atendiendo que el Estado todavía no lo ha hecho, e invoca un artículo del Estatut que dispone que si la UE establece una legislación que sustituya la básica del Estado, la Generalitat puede adoptar la legislación de desarrollo a partir de las normas europeas.
El preámbulo señala que la falta de transposición dentro del periodo estipulado provoca "una gran inseguridad jurídica", ya que, según el informe, se deja sin respuesta la equiparación legal entre los prestadores tradicionales y de servicios a petición y puede afectar a las plataformas de intercambio de videos.
En su informe, el CAC ha considerado que se hubiese podido elaborar una nueva ley del audiovisual más que una modificación de la vigente.
El CAC señala en su informe que el proyecto de decreto amplía la relación de sujetos previsto en la ley de comunicación del audiovisual, como las plataformas de intercambio de videos, y extiende la regulación a estos servicios para velar por que no incluyan contenidos que inciten a la violencia y el odio.
El proyecto de decreto también incluye un impulso del catalán en las nuevas plataformas, inspirado en que deban tener un 30% de obras europeas, "de los que la mitad de estas, el 15% del total, deberán ser obras audiovisuales europeas en lengua catalana o aranés".
"NO HACER SEGUIDISMO"
El consejero Daniel Sirera ha votado en contra ya que considera que el CAC "no debería haber entrado a analizar el contenido del proyecto de decreto ley", y ha lamentado que no se haya remitido al organismo regulador el informe del Gabinete Jurídico de la Generalitat.
La consejera Carme Figueras también ha votado en contra y ha emitido un voto propio, al considerar que se tendría que haber elaborado una nueva ley y "no hacer seguidismo de las actuaciones del Govern cuando estas no resultan adecuadas", no ver las circunstancias que justifiquen la tramitación por vía urgente y extraordinaria y no disponer del informe del Gabinete Jurídico de la Generalitat.
Figueras también ha señalado "discrepancias importantes" en cuestiones referidas al articulado del proyecto de decreto ley, como en la cuestión de la lengua, donde sostiene que el 50% del catálogo de los servicios a petición debe ser en catalán dentro del porcentaje de reserva que se establezca para lenguas cooficiales.
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