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Critica la falta de información en memorias de sus Cuentas Generales y señala que no siempre actúan ante incumplimientos del contratista
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas considera "insuficiente" la justificación ofrecida por las administraciones autonómicas a la hora de celebrar contratos, y detecta deficiencias al establecer, definir y aplicar los criterios objetivos de adjudicación así como una incorrecta determinación de las fórmulas y métodos de valoración y ponderación de los criterios.
Esta es una de las conclusiones del órgano fiscalizador tras la aprobación de su 'Informe Global del sector público autonómico, ejercicio 2017', que expone los datos más relevantes contenidos en los informes de fiscalización elaborados por el Tribunal y los órganos de control externo autonómicos (OCEx).
En este sentido, destaca la ausencia de informes o estudios económicos para garantizar un adecuado precio del contrato, tramitación por urgencia de contrato sin la debida documentación que lo justifique, o incumplimientos en plazos de ejecución de prestaciones correspondientes al contratista.
En este último punto, señala que las administraciones autonómicas no siempre han ejercitado opciones que le atribuye la normativa pese a demoras imputables al contratista en el cumplimiento del plazo total, bien sea la resolución del contrato o la imposición de penalidades. En total, se han remitido al Tribunal 23.770 contratos, excluidos los menores, por un importe conjunto superior a 8.786 millones de euros
FALTA INFORMACIÓN
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas advierte también de la falta de información en las memorias de Cuentas Generales remitidas por las comunidades autónomas para su fiscalización, al no incluir, con carácter general, información suficiente para ampliar y completar la contenida en los estados financieras.
De hecho, el órgano fiscalizador señala en su informe cómo en algunas comunidades la estructura de la memoria no se adapta siquiera a sus respectivos Planes Generales de Contabilidad Pública.
Asimismo, incide en que algunas comunidades presentan información presupuestaria con diferencia entre los créditos finales y las previsiones finales por no registrar en el estado de ingreos modificaciones presupuestarias para financiar gastos. Para el conjunto de administraciones autonómicas, las modificaciones han supuesto un 7% de incremento de créditos iniciales y un 6,2% de previsiones iniciales.
En todo caso, el Tribunal aprecia una mejora en el nivel de rendición en plazo respecto a ejercicios anteriores --el 83,5% de las cuentas fueron rendidas en plazo, un 7,8% más allá del mismo y un 8,7% no rendidas--, con un mayor nivel de retraso e incumplimiento en consorcios (35%), fundaciones (34,6%) y empresas y entes públicos sujetos al Plan General de Contabilidad (31,7%).
INCUMPLIMIENTO CASI GENERAL DE LA REGLA DE GASTO
En el conjunto de administraciones autonómicas, el resultado presupuestario ha sido negativo --si bien mejora un 42% respecto a 2016--, el saldo de endeudamiento aumentó un 5% hasta los 266.781 millones al cierre de 2017 y el remanente de tesorería en su conjunto fue negativo, de 282 millones frente a un remanente también negativo en 2016 de 1.753 millones.
En su fiscalización, el Tribunal verifica el cumplimiento del objetivo de déficit para el subsector autonómico, al contar con un objetivo de estabilidad del 0,6% del PIB y resultar un déficit global de 4.221 millones de euros, el 0,36% del PIB nacional. El subsector cumplió los objetivos previstos para deuda pública pero todas incumplieron con la regla de gasto a excepción de Canarias, Cantabria, Extremadura, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
LA SANIDAD OCUPA EL 5,5% DEL PIB
En relación al gasto sanitario del sector público autonómico, en 2017 ascendió a 63.540 millones, el 5,5% del PIB, con un gasto per cápita medio de 1.370 euros por habitante y más del 44% del mismo originado por tres comunidades: Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid.
Casi la mitad del gasto consolidado del sector, el 45%, se dirigió a la retribución de asalariados (28.657 millones de euros), que aumentó un 2,2% respecto al año anterior. El 16,8% se dirigió a gasto en farmacia (10.704 millones), que aumentó un 3,5% respecto a 2016.
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