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MADRID, 5 (OTR/PRESS) La crisis económica provocada por la pandemia y las malas decisiones tomadas por el Gobierno para paliar sus efectos están detrás del desastroso año 2020 para el mercado laboral. Casi 725.000 personas perdieron su empleo durante el año que acaba de terminar, de los que más de 500.000 son del sector servicios. Un sector golpeado por cierres, aforos y que cuenta con uno de cada tres de los cerca de 756.000 trabajadores que están inmersos en un ERTE. La sangría del empleo no paró ni mucho menos en diciembre, un mes tradicionalmente bueno, que sin embargo ha dejado 36.825 parados, lo que supone la primera subida del desempleo en este mes desde 2011. Tampoco las cifras son esperanzadoras para los autónomos. Un año "horrible" en palabras del presidente de ATA que se prolongará los próximos meses.
La actuación del Gobierno desde el principio de la pandemia ha sido nefasta. La negativa a conceder ayudas directas y poner muchos parches en forma de retrasos en el pago de impuestos o los créditos ICO logró empeorar la situación de muchas empresas y autónomos, que ahora se agravará por la decisión de subir impuestos y cotizaciones. La medida estrella han sido los ERTE y ha servido para salvar, de momento, muchos puestos de trabajo. Sin embargo, las prolongaciones a toda prisa, la prohibición de despedir y el caos burocrático han acabado por convertir los ERTE en un corsé que está dificultando que las empresas se adapten a las circunstancias y no puedan planificar el futuro inmediato de sus negocios.
La falta de planes para sectores esenciales de la economía española como el turismo, los servicios o el automóvil ha sido demoledor y ahí están las cifras de ventas o directamente cierres de negocios que, desgraciadamente, se prolongarán durante meses. La nueva ola del coronavirus y la lenta vacunación hacen presagiar, ya lo estamos viendo, más dificultades para los negocios, más parados y más pobreza. Además, no está funcionando el salvavidas público del Ingreso Mínimo Vital, ni la prestación para parados de larga duración o mayores de 52 años, ni otras ayudas que se anunciaron a bombo y platillo.
Se ha optado por prohibir el corte de suministros o los desahucios en lugar de frenar la sangría del paro con ayudas directas. Eso sí, el gasto en ministerios no se frena, ni las subvenciones, ni los programas prescindibles. Empezamos el año con un agujero de las cuentas públicas descomunal y una deuda pública de escalofrío que el Gobierno piensa taponar con unos fondos europeos de los que aún no sabemos nada concreto. Mal final y mal comienzo.
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