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Etiquetas:   Política

El Gobierno, a garrotazos

Carmen Tomás
domingo, 20 de diciembre de 2020, 08:00 h (CET)
MADRID, 19 (OTR/PRESS)El Gobierno ya no disimula. Los ministros de la coalición socialista-comunista se pelean en privado, pero también en público. Las dos partes tienen la necesidad de ponerse medallas y es legítimo pensar que se están pasando, porque lo relevante no son las broncas sino los asuntos por los que están montando estos 'shows'. Las discusiones versan, nada más y nada menos que sobre el SMI, las pensiones, los desahucios, la reforma laboral. Todos asuntos de primer nivel, teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia de la que no se ve el final y una crisis económica que se ha llevado por delante miles de empresas y cientos de miles de puestos de trabajo. En otro momento, puede que hasta nos hiciera gracia que una ministra llamara a un vicepresidente cabezón o que para fastidiar a un ministro otro dijera que de tal asunto ni se ha hablado en Consejo de Ministros.

Sin embargo, está en juego el presente y el futuro de decenas de miles de españoles y empresas. El espectáculo es lamentable y te lleva a pensar que los problemas reales no parecen importarle tanto al Gobierno cómo acabar como ganador de cada una de las batallas que emprenden. Una nueva subida del SMI, por ejemplo, es en este momento otro palo en la rueda de la vida de las empresas y autónomos. Ya quedó demostrado con las dos anteriores subidas (30%) que se pierde empleo y además en los sectores más vulnerables, y que muchos puestos de trabajo no se cubren. Se vio en la agricultura, empleadas de hogar o jóvenes. Es, por tanto, fácil concluir que, en las circunstancias actuales, los efectos serían mucho peores.

Si hablamos de prohibir desahucios, aunque se maneje la posibilidad de indemnizar a los propietarios cuyos inquilinos no paguen la renta o la cuota hipotecaria, sabemos que fomentará el impago y la ocupación, porque la burocracia aplastará cualquier posibilidad de que los tiempos se acorten y los trámites sean ágiles. Y, en todo caso, no deja de ser un ataque a la propiedad privada que a la postre logrará el efecto contrario al que se persigue: se reducirán los inmuebles en alquiler o se darán menos y más caras hipotecas.

Veremos qué parte del Gobierno se lleva el gato al agua, aunque en cualquier caso se está haciendo un daño irreparable a la imagen de España, su seguridad jurídica y a las posibilidades de atraer inversiones generadoras de empleo en un momento tan delicado.

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