|
MADRID, 18 (OTR/PRESS)Resulta poco presentable que un Ejecutivo se enfrente de manera irreversible con el Judicial. Y eso es lo que está ocurriendo en España, donde el Gobierno ha pretendido impedir que el actual Consejo del Poder Judicial, cuyo mandato legal ha expirado hace más de dos años, siga efectuando nombramientos de jueces para proveer cargos vacantes. Y donde, a su vez, el CGPJ ha lanzado un desafío en toda regla contra el Gobierno: no solo realiza estos nombramientos, sino que acude a las instancias europeas para que revisen el comportamiento de la coalición PSOE-Unidas Podemos en el campo de la Justicia, por si no se ajustase a las escrupulosas reglas de actuación democrática vigentes en la UE. Mal asunto. Sobre todo, cuando no ha sido este el único episodio de una batalla sorda, y no tan muda, entre dos de los poderes de Montesquieu. Una batalla que no puede continuar.
Ya es bastante anómalo que en el propio seno del gobierno de los jueces se registren discrepancias sin cuento entre los 'progresistas', o sea los nombrados por el Gobierno y sus apéndices, y los 'conservadores', es decir, los afectos al PP. Y la guerra a cuenta de la potestad de un CGPJ 'caducado', pero que la clase política se muestra incapaz de renovar, para nombrar jueces en cargos destacados ha hecho explotar al mismo seno del Consejo: cinco de sus miembros, los próximos al PSOE y/o a UP, se opusieron a la posibilidad de que se efectuasen los nombramientos, mientras los dieciséis considerados cercanos al PP -perdón por simplificar; pero, si no, no se entendería nada_votaban a favor de las designaciones.
Así que los cinco 'progresistas' propusieron que dimitiesen todos ellos, para forzar al Gobierno y a la oposición a ponerse de acuerdo para renovar de una vez a este Consejo que tanto está, más allá de lo que dicen las leyes y la Constitución, prolongando, por cierto involuntariamente, su mandato. La propuesta de dimisión fue rechazada por la mayoría conservadora, y 'los cinco', en lugar de dimitir ellos, decidieron quedarse en el Consejo. El estancamiento, por tanto, sigue, empeorado, mientras desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez llegan veladas amenazas de proceder, sin más, a la inhabilitación del equipo encabezado por Carlos Lesmes -lo que sería dudosamente constitucional_y desde el Partido Popular se aguarda a que la situación se pudra un poco más, si posible fuere, lo que es dudosamente aceptable.
Tiene algo de razón, creo, el PSOE cuando dice que el PP sortea la legalidad vigente al negarse a llegar a un pacto para la renovación. Y tiene algo de razón el PP cuando afirma que resulta difícil llegar a un pacto con un Gobierno en cuyo seno hay un grupo, el de Unidas Podemos, que denigra abierta y constantemente a la Justicia. Tienen algo de razón los jueces cuando se sienten maltratados por el Gobierno, pero también el Gobierno cuando les acusa de excederse en las atribuciones que el espíritu de la normativa, y puede que hasta la letra de la misma, les concede.
Añádanse a ello algunos varapalos que, por ejemplo desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y a cuenta del uso "residual" del castellano en los colegios catalanes, llegan hasta el Gobierno central, desactivando los argumentos de la ministra de Educación ahora que se va a aprobar la nueva 'ley Celáa'. O añádanse otros misiles procedentes de otros Juzgados: por ejemplo, rechazando la pretensión de la Fiscalía de archivar sin más las demandas por las actuaciones del Gobierno central y de algunos autonómicos en relación con la lucha contra la pandemia. Y es que el inaceptable nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado sigue provocando enormes brechas en el entramado democrático de la nación.
Tendremos, con todo ello, un panorama desalentador en cuanto a lo que debería ser un correcto funcionamiento de la separación de poderes. ¿Qué esperar de la seguridad jurídica en un país donde ni siquiera en lo que afecta al estamento judicial se respetan de manera escrupulosa las leyes y la mismísima Constitución? Es esta una situación que de ninguna manera debe, puede, seguir así. El prestigio, incluso exterior, de España se juega no poco en estos lances tan desafortunados, que tanto daño hacen a la propia idea de una democracia avanzada y verdaderamente 'europea'. La crisis no es ya solamente política y, claro, económica. Es también institucional. Así que no cabe extrañarse demasiado cuando algunas voces, quizá con exceso, empiezan a hablar de riesgo de Estado fallido. Lo que nos faltaba.
fjauregui@educa2020.es
|
