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MADRID, 17 (EUROPA PRESS) Pedro Sánchez y Pablo Casado, sino por responsabilidad al menos porque les entra en el sueldo, tienen la obligación de hablar y llegar a acuerdos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional.
Una negociación a la que Pedro Sánchez no puede ir intentando que sea un "trágala" para Casado ni Casado poniendo condiciones imposibles para Sánchez. Resulta incomprensible que Pablo Casado lleve dos meses intentando hablar con el Presidente y que este haya querido resolver la papeleta con una simple llamada de teléfono. Pero también hay que preguntar si Casado quiere llegar a un acuerdo o prefiere esquivarlo por puro cálculo electoral.
Cuentan quienes les conocen que Sánchez y Casado no se entienden y que más allá de las lógicas discrepancias políticas tienen una absoluta falta de empatía.
Pero los ciudadanos no les pagamos para que sean amigos y queden para tomar café. Sus sueldos, como Presidente del Gobierno y jefe de la oposición, se justifican también por la necesaria capacidad de anteponer los intereses generales a los partidistas y desde luego personales. La excusa de "no se entienden" es sencillamente inaceptable.
Si, a Sánchez se le pueden hacer muchos reproches por su manera de gobernar, el primero que ha traicionado a todos los que le creyeron cuando aseguro que no dormiría tranquilo si tuviera que pactar con Podemos.
El Gobierno de coalición solo funciona en dos direcciones, la que permite a Sánchez ser Presidente y la que le permite a Iglesias llevar a cabo su "agenda política", que no es otra que acabar con el Pacto Constitucional de la Transición. Esa agenda política está provocando tensiones y disensos en la sociedad. Y es que resulta cuando menos pintoresco que un partido que gobierna se dedique con toda sus energías a querer acabar con el sistema que les permite gobernar.
Así que por más que Pablo Casado desconfíe, con razón, de Pedro Sánchez y de Podemos, no se puede admitir que eso le lleve a paralizar la renovación de instituciones tan determinantes como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.
Ni Sánchez ni Casado deben retrasar ni un día más la renovación de las instituciones y mucho menos por cálculos partidistas. Ya está bien de esa política de mirada corta en la que se han instalado el uno y el otro.
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