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MADRID, 8 (OTR/PRESS)El Gobierno logró la semana pasada aprobar en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Las cuentas irán al Senado y volverán al Congreso para su aprobación definitiva a finales de este mes. Sánchez muestra estos días su satisfacción y piensa que ya tienen la legislatura asegurada. Ya se verá si lo logra, pero no hay duda de que ha adquirido unos compromisos que nada tienen que ver con los Presupuestos. Concesiones políticas que afectan al español, a los presos políticos catalanes, al traslado de presos etarras e incluso a la fiscalidad de la Comunidad de Madrid. Sobre esto último, hay que decir que ya la ministra Montero y la izquierda en general, viene reclamando la necesidad de "armonizar" los impuestos de todas las Comunidades Autónomas. Lo que en "román paladino" significa que Madrid y otros territorios que bonifican o incluso han suprimido Patrimonio, Sucesiones o Donaciones, lo vuelvan a implantar o lo suban.
Hay pocas dudas sobre la ilegalidad que supone exigir a las Comunidades Autónomas que renuncien a la libertad que les da la Constitución para hacer y deshacer con los impuestos propios. Y de hecho ya han anunciado que lo pelearán. El caso de Madrid, que viene siendo atacada en diversos frentes durante los últimos meses, es especialmente sangrante, ya que ha demostrado bajando el tramo autonómico del IRPF, eliminando Patrimonio y bonificando Sucesiones y Donaciones que aumenta la recaudación, la economía crece más y se reduce el paro en mayor medida. Y, por supuesto, ha conseguido atraer capitales y empresas. La Comunidad de Madrid es, además, la que más aporta a la caja común, cerca del 70% de lo que recauda. Cataluña, por ejemplo, no llega ni al 26% a pesar de freír a los catalanes con 13 impuestos más que Madrid y recaudar menos.
Es un ataque en toda regla a los madrileños y a los ciudadanos de otros territorios como Andalucía o Galicia y más cuando se pone encima de la mesa para contentar a los independentistas catalanes a las puertas de unas elecciones. Los madrileños tomarán buena nota, porque si esta concesión de Sánchez e Iglesias se lleva a la práctica, cada madrileño pagaría unos 3.000 euros más al año en impuestos, sin contar el daño en términos de crecimiento y empleo.
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